domingo, 12 de junio de 2011

Para un análisis jurídico de la crisis institucional

*
Recibido por e mail. Lo reproducimos por la rigurosidad del análisis y los datos histórico jurídicos que proporciona el artículo. Las opiniones son responsabilidad de su autor.

Las negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son nuestros para efectos de estudio.

GOLPE DE ESTADO, DECRETO DE LOS 3 PODERES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Félix Ulloa

I.- LA CRISIS INSTITUCIONAL SE AGUDIZA

La proclamada reunión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el Presidente de la Asamblea Legislativa, generó muchas expectativas en la mayoría de sectores de la sociedad que están atentos al desarrollo de los recientes acontecimientos políticos. Algunos apostaron a que, sin violentar la constitución, ni llegar a las usuales componendas que se practican en el seno legislativo, se encontrarían mecanismos y soluciones que permitieran superar la crisis institucional creada por la insólita aprobación y sanción del Decreto Legislativo # 743.

Sin embargo, con desencanto escuchamos corteses declaraciones informando que no hubo acuerdos en ese fallido intento. Y no podía salir nada positivo, si a la anunciada reunión con el Presidente del Órgano Legislativo, asistieron diputados que nunca brindaran aportes para salir de la crisis, pues son autores y beneficiarios de la misma. Son parte del problema no de la solución. Veamos la comitiva que acompañó a Sigfrido Reyes: Medardo González y Norma Guevara, del FMLN; Milena Calderón Sol de Escalón y Enrique Valdés, de ARENA; Miguel Ahues, de GANA; Ciro Cruz Zepeda y Antonio Almendáriz, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC, y Douglas Avilés, de CD. Tener al PDC y al PCN en esa reunión significaba más que una provocación y falta de respeto, una verdadera emboscada a los Magistrados.

Pero más allá de lo anecdótico de esta reunión a puerta cerrada el día jueves 9 de este mes, de 6 a 9 pm en un hotel capitalino, la crisis institucional se agudiza y está conduciendo al país a una situación similar a la de un ESTADO DE FACTO.
La negativa de la Asamblea Legislativa a darse por notificada de dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional admitiendo dos demandas de inconstitucionalidad, porque éstas calzaban solo cuatro firmas, y el decreto 743 establecía la unanimidad, es decir que deberían constar las firmas de los cinco magistrados, linda ni más ni menos con el desacato judicial.
La Sala admitió ambas demandas en base a la facultad que le otorga el art.185 Cn., el cual establece lo que en Derecho Constitucional conocemos como el control difuso de la constitucionalidad delas leyes. Dicho artículo dice textualmente:
Dentro de la potestad de administrar justicia,corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición delos otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales.
Al considerar que el Decreto Legislativo 743 viola varios artículos y principios constitucionales, la Sala con toda la razón jurídica de su parte, lo declaró inaplicable, aceptó las demandas con mayoría calificada de 4 votos y mandó a notificar a la Asamblea Legislativa como autoridad demandada.

Con esa actitud desafiante, el Órgano Legislativo está creando un vacío de poder y atenta contra la seguridad jurídica, base del ESTADO DE DERECHO, poniendo en grave riesgo una de las 3 funciones del estado, como es la jurisdiccional. Para versados en la materia, esta situación significa, por las mismas consecuencias y efectos en la vida institucional de la república, un golpe de estado.

II.- EL DECRETO DE LOS 3 PODERES

Hemos escuchado voces autorizadas clamar por un entendimiento entre los 3 Órganos Fundamentales del Gobierno, los cuales según el art.86 Cn. son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, puesto que la crisis que nos abate involucra a esas tres máximas instancias del estado. Quienes proponen ese hipotético acuerdo nos traen a la memoria el famoso Decreto de los tres Poderes (como se conocía a los tres Órganos en el constitucionalismo salvadoreño de antaño).

Para quienes no están familiarizados con esta parte de nuestra historia, vale la pena recordar que el mencionado Decreto fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ante una profunda crisis institucional que vivía nuestra nación, después del derrocamiento del tirano Maximiliano Hernández Martínez. En esos días aciagos, el país se había bañado con sangre. Jóvenes militares, universitarios, obreros y de otros sectores habían sido fusilados, asesinados, encarcelados por orden del tirano. Solo con la Huelga de Brazos Caídos, el pueblo logró que el teósofo de las aguas azules dejara el poder y abandonara el país. Lo sustituyó provisionalmente el designado a la presidencia, General Andrés Ignacio Menéndez.

El caos y la anarquía amenazaban el orden republicano, había temor de parte de los militares a las fuerzas del pueblo identificadas con el líder Dr. Arturo Romero, que clamaban por una nueva constitución y la abolición de los estatutos constitucionales que habían servido,tanto para establecer un régimen dictatorial, como para las sucesivas reelecciones del general Hernández Martínez.

El 4 de julio de 1944, un considerable grupo de militares y civiles, se reunieron en Casa Presidencial y emplazaron al presidente Menéndez amenazando con un golpe de estado. La Corte Suprema en una actitud conciliadora propuso restaurar la constitución de 1886 dejando sin efecto las amañadas constituciones del Martínato. La resolución del máximo tribunal, se conoció como "Decreto de los Tres Poderes" , y fue dictado el 11 de Julio de 1944 Este paliativo no fue de larga duración, el gobierno provisional del general Andrés I. Menéndez, no pudo con las fuerzas golpistas que le hicieron renunciar e impusieron al coronel Osmin Aguirre como presidente, no obstante que los llamados a sucederle eran los designados a la presidencia,en su orden, doctores Miguel Tomas Molina y Sarbelio Navarrete. Ante este nuevo atropello, la Corte Suprema de nuevo hizo sentir su voz, esta vez menos conciliadora, condenando ese golpe de estado técnico. Nos relata el historiador Gilberto Aguilar Avilés, citando al Dr. Carballo, que "Aquel golpe de Estado indignó a la Nación y de inmediato comenzaron las voces de protesta. En medio de aquella ola de indignación la Corte Suprema de Justicia tuvo que definir su actitud, y haciéndose eco del clamor nacional y por su propia responsabilidad histórica, dictó el acuerdo que textualmente dice::
“…el Supremo Tribunal de Justicia, como poder del Estado y en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución ACUERDA : hacer esta exposición meramente jurídica y alejada de cualquier otra pretensión, ante la Asamblea Nacional Legislativa, con el patriótico deseo de que la situación jurídica del Poder Ejecutivo se fundamente sobre una base de legalidad constitucional, lo más pronto posible, en obsequio a la tranquilidad que en estos momentos reclama la República ".
Don Gilberto continúa ilustrándonos: “La respuesta de la nueva dictadura no se hizo esperar: el régimen osminista ordenó instruir el juicio penal por sedición a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El 18 de Noviembre de 1944 la Corte en pleno emitió otro acuerdo en el que deja constancia de su inconformidad por la violación constitucional y se retira de sus puestos "por la fuerza de las circunstancias". Creo que también deberíamos tomarlo como una prevención.

He ahí la breve historia del Decreto de los 3 Poderes.

III.- HACIA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
No existe en nuestro orden jurídico un mecanismo para convocar a una Asamblea Constituyente. La Constitución vigente nos indica cómo realizar reformas parciales, las cuales corresponden a la Asamblea Legislativa, como poder constituido o constituyente derivado, pero el Poder Constituyente originario no depende de ninguna norma, pues más que un origen jurídico nace hechos políticos.
Una revolución triunfante, un golpe de estado exitoso, un acuerdo nacional, son los eventos que permiten que este Poder Soberano se exprese y actúe, diseñando, organizando el nuevo orden jurídico, político, económico, social, cultural, de una nación.

La tradición salvadoreña tiene un amplio muestrario de golpes de estado, casi todos realizados por militares, acompañados y asesorados por civiles oportunistas. Las constituciones que proclamaron sirvieron para definir el orden institucional, la dogmática que le inspiraría y los procedimientosa seguir durante las dictaduras militares. En la formulación del nuevo orden, después de cada golpe de estado, generalmente se excluía a los sectores mayoritarios, pues eran las elites (económicas, políticas y militares) las encargadas de este diseño, el cual siempre favoreció sus intereses.

En plena guerra civil, entre 1982 y 1983 se concibió y promulgó la Constitución vigente, la cual reflejaría los signos de aquellos tiempos. El sector excluido, alzado en armas en aquel entonces, no la reconocía. De haber triunfado las fuerzas revolucionarias, sin duda la habrían abrogado y decretado una totalmente diferente.

Al terminar la guerra mediante los Acuerdos de Paz de 1992, esa Constitución de 1983 se reformó en varias de sus partes, eliminando algunas normas, creando nuevas instituciones, modificando otras. Bobbio en su libro “Izquierda y Derecha” dice que una guerra sin vencedores ni vencidos es una guerra que no cumplió su fin.
Por ello la Constitución actual carece de la armonía de una Carta Magna y expresa visiones encontradas, contrapuestas y hasta contradictorias, porque nos dimos un marco constitucional que refleja en primer lugar el carácter contrainsurgente de los 80s, y luego el pulso que se daba en la mesa de la negociación y lo que cada una de las partes fue capaz de obtener entre 1990 y 1992.
En clave positiva, avanzamos bastante, el trabajo de las comisiones que negociaron el fin de la guerra es loable, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción es ejemplo en el mundo entero.
Quizás pudimos avanzar más en un proceso evolutivo si se hubieran cumplido los preceptos de la constitución de 1950, que configuraba un avanzado estado social y democrático de derecho. Pero, para los sectores dominantes que nos gobernaron en aquellas décadas, fue letra muerta. Tuvo que desencadenarse una guerra civil, que nos costó 80 mil muertos, 7 mil desparecidos, 1.5 millones de emigrados, la destrucción de valiosa infraestructura y el retraso de una década en el desarrollo económico y social, para entender que solo practicando la tolerancia política y la solidaridad social, se puede vivir en democracia.

Los Acuerdos de Paz también son un hito que nos permitió refundar la Tercera República, pero igual que con la Cn de 1950, varios de ellos, por no convenir al bloque dominantes,quedaron como papel mojado. Ahora que estamos viviendo momentos fundacionales, vamos a dejar pasar de nuevo la oportunidad? Este es el desafío que debemos asumir.

Las nuevas generaciones no pueden estar atadas a la generación que nos dio la constitución vigente, hace más de un cuarto de siglo. No conocíamos internet ni usábamos Facebook en esos días. Los Acuerdos de Paz fueron reformas con sello coyuntural, con éxito en algunos aspectos y fracasos en otros, ya cumplieron su papel. Los 7 puntos de la agenda de Caracas que guió la negociación, estaban centrados en los temas sensibles y urgentes a resolver, para terminar con la guerra; no contemplaban otros asuntos fundamentales como la política fiscal o el endeudamiento externo, los cuales el desafortunado Pacto de San Andrés de 1995, trató de abordar como una segunda edición del Acuerdo de Chapultepec.

Entonces que esperamos para sentarnos todos, debidamente representados como Poder Constituyente a redactar una nueva Constitución? Si los partidos políticos que tienen la capacidad de decidir aceptan el reto, los Órganos del Gobierno y las entidades involucradas (TSE) encontraran los mecanismos para viabilizar su convocatoria y organización, aprovechando la infraestructura legal y material que se prepara en función de las elecciones de marzo de 2012; y, en la sociedad civil, encontraran un interlocutor legítimo y dispuesto a trabajar hombro a hombro en el diseño y construcción de esa sociedad democrática que todos anhelamos.
*

miércoles, 8 de junio de 2011

Los discursos y las realidades del cambio

*
Las negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son nuestros para efectos de estudio.
*
Han pasado dos años desde aquel 1 de junio de 2009 que cambió el rumbo de la historia patria y permitió la llegada al gobierno de una coalición de fuerzas de izquierda y de centro. Han sido muchos los conflictos y los consensos, los avances y retrocesos, los logros y compromisos cumplidos y los aun pendientes, los problemas y sus respuestas, las percepciones y espejismos, las continuidades y rupturas, en fin, la brecha entre los discursos y las realidades.

“Pueblo de mi patria, es un inmenso honor para mi recibir esta banda presidencial. Lo hago con humildad, con conciencia de las responsabilidades que entraña y de los compromisos que debo cumplir. Seré fiel al juramento que he hecho, guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir, sobre todo, a la población más desfavorecida.” Así empezó el presidente Funes su discurso de toma de posesión en el 2009 en la Feria Internacional.

Desde entonces ha pasado mucha agua por el molino del puente y es preciso evaluar. Para este balance partiremos de cuatro criterios: propuesta, logros, vacíos y desafíos; en una muestra de cuatro de las áreas principales de la gestión ejecutiva: economía, seguridad, exterior y social.

Asimismo no podemos obviar que el factor externo fundamental que marcó estos dos primeros años del presidente Funes fue el impacto causado por la violenta deposición del presidente hondureño Mel Zelaya. Ese golpe de estado del 28 de junio de 2009 seguramente le enseñó al joven presidente lo que podía sucederle –enviarlo en pijama a otro país-en caso que las cosas se precipitaran y los poderes fácticos se vieran seriamente amenazados.

A nivel de factor interno fundamental, el crecimiento del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico, sus vinculaciones con el fenómeno de las pandillas juveniles y su expansión territorial e institucional, constituye la amenaza fundamental que atraviesa el país.

De una economía neoliberal a una economía en beneficio de la gente. El presidente Funes se comprometió a romper con las prácticas vinculadas al modelo neoliberal que destruyó parte sustancial de nuestro tejido productivo y benefició exclusivamente a la oligarquía. Ha empezado a hacerlo, pero tímidamente. La más nefasta herencia de los regímenes areneros fue la dolarización y el presidente Funes teme revertirla. De no hacerlo y de no aplicar una firme reforma tributaria, seguiremos endeudándonos y la economía seguirá colapsada. Le quedan tres años para decidirse a actuar.

El desafío de la seguridad.

El presidente Funes se comprometió con disminuir los niveles de delincuencia y encarcelar a los corruptos. Ha empezado hacerlo, pero tímidamente, gota a gota, corrupto por corrupto. La más nefasta herencia de los regímenes areneros fue precisamente crear un clima de impunidad, corrupción y de inseguridad como proyecto empresarial, para favorecer la seguridad privada. El presidente Funes teme castigar a los corruptos. De no hacerlo y de no aplicar una inteligente estrategia contra el crimen, la delincuencia y sus patrocinadores ganaran la batalla y seremos un país fallido y además de nuevo militarizado.

Una política internacional independiente.

El presidente Funes se comprometió con desarrollar una política exterior independiente. Ha empezado a hacerlo, pero tímidamente. Abre relaciones con Cuba, pero las fortalece con Taiwán. Le teme al ALBA. La más nefasta herencia de los regímenes areneros fue su política de completo servilismo ante los estados Unidos. El presidente Funes teme romper con esta práctica. De no hacerlo y de no aplicar una política exterior soberana, El Salvador seguirá siendo un país subordinado a intereses extranjeros.

La responsabilidad social.

El presidente Funes se comprometió a gobernar sirviendo a la “población más desfavorecida.” Ha empezado a hacerlo, dejaron de cobrar en los hospitales y entregaron uniformes y útiles en las escuelas. Pero le teme a la industria farmacéutica. Y le teme a la oligarquía. La más nefasta herencia de los regímenes areneros fue su completa sumisión a los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Fueron estas órdenes las que destruyeron la agricultura y crearon miles de miles de pobres. El presidente Funes teme romper con esta práctica. De no hacerlo y de no tomar medidas para cerrar la brecha de la pobreza, nuestra gente seguirá siendo obligada a buscar otros cielos para ganarse la vida.

Conclusiones y perspectivas.

El Gobierno Funes es un gobierno caracterizado por la timidez -no por la prudencia- sino por la timidez. En estos dos años predominó la continuidad y no la ruptura. Debe de asumir el combate a la pobreza como el eje principal de su gestión y esto se logra con cambios estructurales que garanticen empleo así como enfrentando el costo de la vida con medidas enérgicas. Esas fueron sus promesas. ¿Quién dijo miedo?

Por otra parte, uno de los principales logros del proceso iniciado el 1 de junio, ha sido modificar la composición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual esta cambiando el panorama político institucional. A nivel regional la llegada este día de Mel Zelaya a Tegucigalpa abre una nueva etapa del proceso de luchas populares. Es significativo que lo que hace dos años fue una derrota hoy se transforma en una victoria. Aunque hay que esperar la respuesta de la derecha.

Al presidente Funes le quedan tres años, y ojala que logre avanzar en el cumplimiento de sus promesas. Hay todo un pueblo que se lo agradecerá, pero también que se lo exigirá en las calles de no hacerlo.

Roberto Pineda
San Salvador, 28 de mayo de 2011
*

lunes, 6 de junio de 2011

EL FMLN FRENTE AL DECRETO 743

Las negrillas son nuestras para efectos de estudio.

Tomado de:


EL FMLN FRENTE AL DECRETO 743

El jueves 2 de junio los diputados de ARENA, PDC, PCN y GANA, aprobaron con dispensa de trámite la reforma a dos artículos de la Ley Orgánica Judicial, en el sentido de establecer UNANIMIDAD para resolver inconstitucionalidades y controversias por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta situación expresamos:

1.Los diputados y diputadas de nuestro partido FMLN no votaron por esa reforma y dejaron sentada la posición de considerarla una intromisión en la independencia de la Corte Suprema de Justicia.

2.El FMLN rechaza esa reforma por un sentido de respeto a normas elementales de derecho, y para evitar poner la justicia constitucional bajo el criterio y conveniencia de una sola persona, de una sola corriente de pensamiento jurídico, y de la incidencia que la derecha ejerza sobre él. En cualquier Tribunal de Justicia Constitucional del mundo es suficiente el acuerdo de una mayoría equivalente al 80% de sus integrantes, como estaba legislado.

3.El FMLN ha sostenido y sostiene diferencias de criterio con la Sala de lo Constitucional sobre algunos de sus fallos, y consideramos que es la norma constitucional la que establece claramente la forma de abordar las diferencias, y que en ningún caso es una medida de solución volver al autoritarismo, o a la subordinación de un Órgano de Gobierno por otro. Por eso hemos adversado algunas resoluciones de la Sala que expresan de alguna manera una invasión de las atribuciones constitucionales propias de la Asamblea Legislativa, y otros que violentan lo establecido en artículos de la Constitución como el 85 y 79 que establecen la forma de acceder al gobierno por los partidos políticos y la representación proporcional en la elección de diputados.

4.Consideramos que es necesario cuanto antes un diálogo serio, abierto y sincero entre los Órganos de Gobierno, es lo mínimo que la sociedad nos demanda. Por lo que esta debe ser una oportunidad para salirle al paso a futuros intentos de violación de la Constitución por ningún Órgano del Estado.

5.Llamamos a la Corte Suprema de Justicia a cohesionarse y trabajar por resolver la urgente necesidad de asegurar la justicia para nuestra sociedad, a garantizar la seguridad jurídica, en una coyuntura en la cual estamos amenazados por quienes quieren desestabilizar el país y por las empresas del crimen. Demandamos respetar la independencia de los Órganos de Gobierno y los preceptos fundamentales de la Constitución de la República en lo referido al Sistema Político.

6.Exhortamos a los Presidentes de los tres Órganos de Gobierno a reunirse y cooperar entre sí, como manda nuestra Constitución de la República, procurando el respeto de las atribuciones establecidas para cada instancia.

7. Llamamos a todas las fuerzas políticas y sociales a debatir con información suficiente sobre los problemas más urgentes de resolver con la cooperación de todos y todas, y a denunciar a las fuerzas de la derecha que hoy intentan sacar provecho de la situación que ellos mismos han creado.

COMISION POLÍTICA
FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL

4 DE JUNIO DE 2010.
*