martes, 25 de agosto de 2026

TPS para salvadoreños: escenarios ante la decisión de 2026


TPS para salvadoreños: escenarios ante la decisión de 2026

Examinamos los escenarios probables ante la decisión sobre el TPS para salvadoreños en 2026: causas, contexto histórico y datos económicos verificables.

Introducción

¿Por qué el destino de unos 170.000 salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) depende, en última instancia, de una fecha en un calendario administrativo de Washington? Y, más de fondo: ¿qué relación guarda esa fecha —el 9 de septiembre de 2026— con una guerra civil que terminó hace más de tres décadas, y con una economía salvadoreña que hoy recibe en remesas una cuarta parte de todo lo que produce el país? Estas son las dos preguntas centrales que organiza este artículo: la causa institucional inmediata (una decisión discrecional del Departamento de Seguridad Nacional, DHS) y el efecto estructural de largo plazo (la dependencia mutua, económica y humana, entre dos países unidos por una historia migratoria que comenzó en la guerra y se ha sostenido después durante veinticinco años de trabajo, familia y remesas).

Conviene una aclaración factual antes de avanzar, porque las noticias sobre el tema circulan con cierta confusión: hasta la fecha de publicación de este artículo, el Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado la finalización del TPS para El Salvador. Lo que existe es un plazo legal —el 9 de septiembre de 2026— para que el DHS decida entre tres caminos: extender la designación, redesignarla por nuevas condiciones, o terminarla. Si no se anuncia una decisión a tiempo, (¿60 días antes?) la propia legislación migratoria estadounidense (sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) contempla una prórroga automática de seis meses.

Este artículo examina el proceso histórico que llevó a esa fecha límite, los datos económicos que están en juego a ambos lados de la frontera, y los escenarios jurídico-políticos más probables, evitando presentar como hecho consumado algo que, al momento de escribir estas líneas, sigue siendo una decisión pendiente.

Índice 
  1. Un proceso histórico: de la guerra civil al TPS
  2. El elemento material: qué representan los salvadoreños con TPS para ambas economías
  3. El debate sobre inmigración y salarios: lo que dice realmente la evidencia empírica
  4. El poder institucional: quién decide y con qué límites legales
  5. Escenarios probables ante la decisión de septiembre de 2026
  6. La dimensión humana: veinticinco años de arraigo
  7. Preguntas frecuentes
  8. Conclusión
  9. Temas relacionados
  10. Fuentes de información y bibliografía recomendada
  11. Nota metodológica
  12. Referencias numeradas del texto
1. Un proceso histórico: de la guerra civil al TPS

Entender el TPS salvadoreño exige remontarse a un proceso, no a un episodio aislado. Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó al gobierno militar con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un conflicto en el que Estados Unidos proporcionó financiamiento y asesoría militar sostenidos al gobierno salvadoreño como parte de su política de contención en Centroamérica durante la Guerra Fría. Ese conflicto armado provocó, según documenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los mayores éxodos migratorios de la historia salvadoreña, con cientos de miles de personas desplazadas hacia Estados Unidos entre 1980 y 1991 [1].

El TPS como figura legal, sin embargo, no nació entonces: fue creado por el Congreso estadounidense en la Ley de Inmigración de 1990 como un mecanismo humanitario temporal para nacionales de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. El Salvador fue designado para el TPS por primera vez en 2001, no por la guerra civil —ya terminada nueve años antes—, sino por dos terremotos devastadores ocurridos ese mismo año [2]. Desde entonces, sucesivas administraciones —tanto demócratas como republicanas— han extendido esa designación de manera casi ininterrumpida durante veinticinco años, con una única excepción relevante: en 2018, la primera administración Trump intentó terminar el TPS salvadoreño, decisión bloqueada por los tribunales federales en el caso Ramos v. Nielsen, hasta que la administración Biden revocó formalmente esa terminación en 2023 [3].

Este vaivén administrativo —extensión, intento de terminación, bloqueo judicial, nueva extensión— es, en sí mismo, un proceso que refleja la tensión no resuelta entre dos lógicas del Estado moderno que rara vez coinciden del todo: la lógica humanitaria y consular, orientada a la protección temporal ante catástrofes, y la lógica de control migratorio y seguridad interna, orientada a limitar la permanencia de poblaciones extranjeras. El TPS salvadoreño ha existido, durante un cuarto de siglo, exactamente en el punto de fricción entre ambas.

2. El elemento material: qué representan los salvadoreños con TPS para ambas economías

Cualquier análisis riguroso de este tema debe partir de sus bases materiales. Según datos citados por CNN en Español con base en cifras oficiales de marzo de 2025, aproximadamente 170.125 salvadoreños se encuentran actualmente protegidos por el TPS [4]. En el país de origen, más de dos millones de salvadoreños residen en Estados Unidos en total —incluidos quienes tienen TPS y quienes no—, y sostienen un flujo económico que en 2025 alcanzó un récord histórico: 9.987,9 millones de dólares en remesas familiares, un 17,7 % más que en 2024, según el Banco Central de Reserva de El Salvador [5]. Esa cifra equivale a cerca del 24 % del Producto Interno Bruto salvadoreño —en algunos trimestres de 2025 llegó a superar el 27 %—, y supera, como fuente de divisas, a las exportaciones, la inversión extranjera directa y el turismo combinados [6]. El 92,4 % de esas remesas provienen de Estados Unidos [7].

Estos datos no son un detalle contextual: son la base material sobre la que se sostiene buena parte del sistema económico salvadoreño contemporáneo. Una familia de cada cuatro en El Salvador depende, en algún grado, de ese flujo [8]. Es la relación económica concreta —trabajo salvadoreño ejercido en territorio estadounidense, remesado hacia el consumo familiar en El Salvador— la que explica por qué una decisión administrativa en Washington tiene capacidad de alterar de forma medible el ingreso de más de 1,5 millones de hogares salvadoreños.

Del lado estadounidense, el aporte económico de los inmigrantes salvadoreños con TPS se concentra, según reportan organizaciones especializadas en política migratoria, en sectores intensivos en mano de obra —construcción, hostelería, agricultura y servicios de cuidado— donde una parte significativa de la fuerza laboral nativa no cubre la demanda existente, particularmente en estados como California, Texas, Nueva York y Maryland, donde se concentra la mayor población salvadoreña.

3. El debate sobre inmigración y salarios: lo que dice realmente la evidencia empírica

El estudio más citado en la literatura de economía laboral sobre este tema de la inmigración hacia EUA sigue siendo el de David Card (1990) sobre el llamado "éxodo del Mariel", cuando la llegada masiva de refugiados cubanos a Miami en 1980 aumentó repentinamente en un 7 % la fuerza laboral de la ciudad. Card encontró que el efecto sobre los salarios de los trabajadores nativos fue estadísticamente insignificante [9]. Ese resultado fue —y sigue siendo— disputado por el economista George Borjas, quien en investigaciones posteriores concluyó que sí existía un impacto negativo, aunque acotado, sobre los salarios de los trabajadores nativos menos calificados y de menor nivel educativo [10]. Borjas estimó, en un trabajo de 2003 frecuentemente citado, que un incremento del 10 % en la población inmigrante reduciría en torno a un 1 % los salarios de los trabajadores nativos comparables [11].

La revisión posterior de ambos estudios por parte de otros economistas —incluida una reevaluación del propio caso Mariel— tiende a inclinar la balanza hacia las conclusiones de Card, según ha señalado el economista del desarrollo Michael Clemens [12]. Estudios aplicados al caso español —con metodología comparable a la de Borjas— tampoco han encontrado efectos estadísticamente significativos sobre el empleo o los salarios de los trabajadores nativos [13]. En síntesis: la evidencia empírica disponible es más matizada de lo que sugiere cualquiera de los dos extremos del debate político; el consenso profesional apunta hacia efectos pequeños y concentrados en segmentos muy específicos del mercado laboral, no hacia el desplazamiento generalizado que a veces se invoca en el debate público.

4. El poder institucional: quién decide y con qué límites legales

Interesa examinar no solo el resultado de la decisión sobre el TPS, sino la racionalidad burocrática y jurídica que la enmarca. El TPS es, por diseño legal, una facultad discrecional del Secretario de Seguridad Nacional, quien debe evaluar si las condiciones que originaron la designación —en el caso salvadoreño, los terremotos de 2001— persisten o no. En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump, confirmando que el DHS goza de amplia discreción para extender o terminar una designación de TPS, incluso frente a impugnaciones judiciales [14]. Ese fallo redujo significativamente el margen de maniobra legal de las organizaciones que representan a los beneficiarios del TPS, que hasta entonces habían logrado bloquear judicialmente varios intentos de terminación.

Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, el DHS ha puesto fin a la designación de TPS de trece países —incluidos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y Nepal—, afectando a varios cientos de miles de personas [15]. El Salvador, junto con Ucrania y Sudán, permanece entre los pocos países cuya designación aún no ha sido formalmente terminada.

5. Escenarios probables ante la decisión de septiembre de 2026

Con base en el proceso descrito, pueden plantearse los siguientes escenarios, ordenados de menor a mayor disrupción:

Siguiendo la lógica de Escenario; Descripción; Probabilidad relativa tenemos:
  1. Prórroga automática de seis meses por vacío legal. El DHS no anuncia decisión a tiempo; se activa la extensión automática de seis meses prevista en la ley. Escenario técnico posible si no hay resolución antes del 9 de septiembre (de acuerdo a la ley, tenía el DHS que haberla anunciado el 11 de julio del corriente año, 2026). Jurídicamente esta es la vía en curso.
  2. Terminación con periodo de transición. Se anuncia el fin del TPS pero con una fecha de salida diferida varios meses, para permitir litigios y reacomodo. El más consistente con el patrón seguido en otros países durante 2025-2026.
  3. Redesignación o nueva extensión. El DHS decide que persisten condiciones que justifican mantener el TPS, con nuevo plazo de reinscripción. No se puede sostener por la relación de la administración Trump con la administración Bukele y el discurso de la seguridad en El Salvador. Posible, pero contradice la tendencia de la administración con los otros 13 países dando por terminado el TPS aún cuando se sostiene que las causas del TPS persisten.
  4. Terminación inmediata sin transición. Fin abrupto del TPS y del permiso de trabajo asociado. Escenario de mayor impacto social y también el de mayor costo político y judicial para la administración
Estos cuatro escenarios no son mutuamente excluyentes en el tiempo: la experiencia con otros países muestra que una terminación anunciada puede ser seguida de nuevos litigios, órdenes judiciales temporales y ajustes de calendario, de modo que el proceso real probablemente se prolongue por etapas antes de asentarse en un resultado definitivo.

Un factor político adicional, señalado por organizaciones como la Alianza Nacional del TPS, es el calendario electoral estadounidense: las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026 introducen un incentivo, documentado en la ciencia política sobre el ciclo electoral, para que las administraciones eviten decisiones de alto costo social inmediatamente antes de una elección competida, sin que ello garantice, sin embargo, una postergación indefinida.

6. La dimensión humana: veinticinco años de arraigo

Detrás de las cifras hay historias concretas que merecen mención, sin caer por ello en el sentimentalismo que distorsiona el análisis. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS y beneficiario del programa desde 2001 —el primer año de la designación salvadoreña—, representa a una generación completa que ha construido en Estados Unidos veinticinco años de historial laboral, propiedad, matrimonio y descendencia [16]. Muchos de los hijos de esa generación han nacido ya como ciudadanos estadounidenses, lo que introduce, en cualquier escenario de terminación, la posibilidad concreta de separación familiar, no como hipótesis retórica sino como consecuencia administrativa directa.

7. Preguntas frecuentes
  • ¿Se ha terminado ya el TPS para El Salvador? No, hasta la fecha de publicación de este artículo. La fecha límite para que el DHS anuncie su decisión es el 9 de septiembre de 2026
  • ¿Qué pasa si el DHS no anuncia nada antes de esa fecha? Conforme a la sección 244(b)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la falta de anuncio oportuno produce una extensión automática de seis meses.
  • ¿Puede un beneficiario de TPS obtener la residencia permanente? El TPS, por sí mismo, no otorga un camino directo hacia la residencia permanente; algunos beneficiarios pueden calificar por otras vías migratorias (matrimonio con ciudadano, patrocinio familiar o laboral), independientes del estatus de TPS.
  • ¿Qué ocurrió con los otros países centroamericanos bajo TPS? Honduras y Nicaragua vieron terminada su designación en 2025-2026; Guatemala nunca tuvo designación de TPS.
8. Conclusión

El proceso que hoy enfrenta a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos con una fecha límite administrativa no puede entenderse aislado de su origen: una guerra financiada en parte desde Washington, dos terremotos que en 2001 activaron una protección humanitaria, y veinticinco años de trabajo, remesas y familia que han convertido a esa protección temporal en un pilar estructural —económico y humano— para ambos países. Los datos disponibles muestran una relación de interdependencia real y medible: casi una cuarta parte del PIB salvadoreño depende de las remesas, y una parte no desdeñable de sectores laborales estadounidenses depende de esa fuerza de trabajo. Cualquier escenario que se materialice a partir de septiembre de 2026 —extensión, prórroga automática o terminación en distintos grados— tendrá, por tanto, consecuencias medibles a ambos lados de la frontera, y conviene evaluarlas con la evidencia disponible.

9. Temas relacionados 
  • Historia de la guerra civil salvadoreña y la migración hacia Estados Unidos
  • El papel de las remesas en las economías centroamericanas
  • El debate económico sobre inmigración y mercado laboral: Card contra Borjas
  • La discrecionalidad administrativa en la política migratoria estadounidense
10. Fuentes de información 

Fuentes en español
Fuentes en inglés
  • Immigration Policy Tracking Project (Center for Migration Studies / consorcio académico). "DHS terminates TPS for El Salvador" (línea de tiempo documental). Disponible en: https://immpolicytracking.org/policies/dhs-terminates-tps-for-el-salvador/
  • Card, David (1990). "The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market". Industrial and Labor Relations Review, 43(2). Referencia clásica de la literatura de economía laboral sobre inmigración.
  • Borjas, George J. (2003). "The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market". The Quarterly Journal of Economics, 118(4).
  • Contexts (American Sociological Association). "La Economía de la Migración" — resumen accesible del debate Card-Borjas. Disponible en: https://contexts.org/articles/la-economia-de-la-migracion/
  • U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). "Temporary Protected Status" (página oficial del programa). Disponible en: https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: Adaptaciones en un contexto de incertidumbre" [PDF disponible en el portal institucional del BID].
11. Nota metodológica: los datos de remesas y beneficiarios del TPS citados en este artículo corresponden a fuentes oficiales (Banco Central de Reserva de El Salvador, USCIS) y a cobertura periodística verificada de agencias y medios reconocidos, con fecha de consulta de agosto de 2026. Dado que la decisión sobre el TPS salvadoreño estaba pendiente al momento de la redacción, se recomienda verificar el estado más reciente en el Registro Federal de Estados Unidos (federalregister.gov) o en el sitio oficial de USCIS antes de tomar decisiones basadas en este artículo.

12. Referencias numeradas del texto: [1] diario.elmundo.sv, Remesas alcanzaron participación histórica en la economía salvadoreña en 2025 (cita a PNUD). [2] immpolicytracking.org, DHS terminates TPS for El Salvador. [3] immpolicytracking.org, ídem. [4] cnnespanol.cnn.com, ¿El fin del TPS para El Salvador? [5][6] eldiariodehoy.com / diario.elmundo.sv, cifras BCR 2025. [7] eldiariodehoy.com, El Salvador recibió cifra récord en remesas en 2025. [8] elsalvador.com, Récord de remesas: 6.535 millones llegan en 8 meses. [9] contexts.org, La Economía de la Migración. [10][11] vlex.es, Inmigración, mercado de trabajo y Seguridad Social. [12] contexts.org, ídem. [13] ojs.ual.es, El efecto de la población inmigrante sobre el empleo y salarios... España. [14] kvia.com / cnnespanol.cnn.com, fallo de la Corte Suprema, junio 2026. [15] kesq.com, terminación de TPS para 13 países. [16] cnnespanol.cnn.com, testimonio de José Palma.
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jueves, 20 de agosto de 2026

Razas Aborígenes de Centroamérica: Historia y Legado

Razas Aborígenes de Centroamérica: Historia y Legado

Un recorrido histórico y sociológico por las razas y culturas aborígenes de Centroamérica: economía, poder, desigualdad y su huella en el presente.

Índice
  1. Introducción: la pregunta que atraviesa cinco siglos
  2. El mapa aborigen a la llegada de los españoles
  3. Dos corrientes, dos economías: maíz contra yuca
  4. La cultura mesoamericana: del nomadismo al Estado
  5. El mundo chibcha: confederaciones sin corona
  6. Estructuras de poder: cacicazgos, jerarquía y excedente
  7. De la barbarie a la civilización
  8. El peso del pasado en el presente: desigualdad indígena hoy
  9. Consultoría empresarial y desarrollo con identidad
  10. Conclusión: una historia que aún no termina
  11. Fuentes de información y bibliografía recomendada

1. Introducción: la pregunta que atraviesa cinco siglos

Cuando los primeros barcos españoles tocaron las costas de Centroamérica, no encontraron un vacío humano, sino un mosaico denso de pueblos, lenguas y formas de organizar la vida material. ¿Por qué algunos de esos pueblos habían construido ciudades, calendarios y ejércitos, mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, seguían viviendo de la caza y la pesca sin haber cruzado el umbral del Estado?

Esta pregunta no es solo arqueológica. Es una pregunta sobre cómo la tierra, el clima y la tecnología agrícola moldean la estructura social de un pueblo, y sobre cómo esas diferencias de origen siguen pesando, quinientos años después, en los indicadores de pobreza que hoy publican el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Centroamérica fue, en palabras que le calzan bien a la región, un corredor: un puente terrestre entre dos grandes tradiciones civilizatorias americanas. Por el norte y el oeste bajaba la influencia mesoamericana, cargada de maíz, templos y escritura. Por el sur y el este subía la influencia suramericana, de raíz chibcha y caribeña, apoyada en la yuca y el camote. Ese cruce de caminos explica buena parte de lo que Centroamérica fue, y de lo que —con matices— sigue siendo.

Este artículo recorre ese proceso histórico apoyándose en los apuntes del doctor Joaquín Hernández Callejas y en la tradición historiográfica centroamericana, para luego preguntar qué queda de aquella desigualdad original en la sociedad del presente.

2. El mapa aborigen a la llegada de los españoles

La conquista no llegó a un territorio homogéneo. Cada región tenía su propio entramado étnico, heredero de migraciones distintas y de economías distintas.

En Guatemala sus principales pueblos aborígenes fueron los mayas, quichés, cachiqueles, zutuhiles, mames, pocomames, lacandones, pipiles. En Honduras, también los mayas,  chortís, xicaques, poyas, toanglas, torkas, caribes. En El Salvador pipiles, mames, pocomames, lacandones, chontales, lencas. En Nicaragua también los pipiles y caribes, y  chorotegas, nagrandanos, xiques, poyas, ramas, sumus. En Costa Rica talamancas, guatuzos, guatares, ramas.

La historiadora hondureña Argentina Díaz Lozano propuso ordenar esa diversidad en cinco grandes troncos: la raza maya, la maya-quiché, la azteca —de la que derivan los pipiles—, la tolteca —origen de los chorotegas y nicaraos de Nicaragua— y la chibcha, madre de los pueblos que poblaron el actual territorio costarricense.

Esta clasificación, apoyada también en el mapa del libro *Anotaciones de Historia Patria Centroamericana* de Manuel Mata Gavidia, no es un simple catálogo de nombres. Es el registro de dos trayectorias de desarrollo distintas que convivieron —y a veces chocaron— dentro de un mismo espacio geográfico.

3. Dos corrientes, dos economías: maíz y yuca

La primera contradicción productiva del Istmo fue entre maíz y yuca, en el sentido en que las contradicciones no son errores, sino el motor mismo del movimiento histórico.

Los pueblos que llegaron desde el norte —mayas, quichés, pipiles, chorotegas, nicaraos— traían consigo la llamada "cultura del maíz". Domesticaron el maíz, el frijol, el ayote, el cacao y el chile entre dos mil y mil quinientos años antes de Cristo, y con ese cultivo fijo llegó algo más importante: la posibilidad de acumular excedente y de fijar población en un territorio.

Los pueblos que se desplazaban desde el sur —de raíz caribeña y suramericana— dependían en cambio del camote y la yuca o mandioca, cultivos con menor capacidad de generar excedente estable. Su organización social era predominantemente nómada, salvo en algunos cacicazgos donde ya despuntaban las primeras comunidades agrarias.

La base material determina la superestructura. Y en Centroamérica ese principio se cumple casi como manual: donde hubo excedente agrícola estable, hubo ciudades, monumentos y culto organizado; donde el excedente fue precario, la historia —en el sentido de registro monumental y documental— apenas dejó huella.

4. La cultura mesoamericana: del nomadismo al Estado

La cultura mesoamericana se desarrolló en el norte de Yucatán, el istmo de Tehuantepec, y hacia el sur en Guatemala, el noroeste de Honduras —donde están las ruinas de Copán—, El Salvador y el noroeste de Nicaragua.

Estos pueblos conocían tres sistemas de cultivo: la roza con barbecho largo, la roza con barbecho corto y el riego. El barbecho —dejar descansar la tierra tras el desmonte— rendía más en las tierras bajas y tropicales que en el altiplano; el riego, en cambio, fue mucho más usado por los pueblos mexicanos que por los centroamericanos.

Esa agricultura, modesta en apariencia, produjo un efecto acumulativo decisivo: sedentarización, crecimiento demográfico y construcción de edificaciones y monumentos. La fase superior de esta cultura —el llamado período Posclásico— se ubica entre los siglos X y XV, precedida por el período Clásico. Es la etapa en la que estos pueblos, en términos de Engels, dejan atrás la barbarie superior y tocan la puerta de la civilización: aparecen ciudades, ejércitos organizados y las primeras formas reconocibles de Estado y de Derecho.

Conviene subrayarlo con claridad directa en este caso: la tecnología agrícola no es un detalle técnico. Es la que decide si un pueblo tendrá templos o no los tendrá.

5. El mundo chibcha: confederaciones sin corona

Del otro lado del corredor centroamericano, la influencia chibcha llegaba desde Suramérica y se expresaba en pueblos como los talamancas, guatuzos y guatares en el territorio de la actual Costa Rica, además de comunidades como los bribris, cabécares y huetares.

A diferencia de mayas y aztecas, los pueblos de raíz chibcha —como los muiscas en el altiplano colombiano, su rama más conocida— no se organizaron en un reino unificado sino en una confederación de cacicazgos autónomos. En Costa Rica, la investigación arqueológica reciente confirma que esa organización territorial permitió a caciques concretos —como Pablo Presbere en Talamanca— acumular control sobre la tierra y movilizar población para obras colectivas, sin llegar nunca a la centralización estatal mesoamericana.

Esa diferencia tuvo consecuencias históricas de largo alcance. Talamanca fue, de hecho, el único cacicazgo del área que los españoles no lograron someter por completo, y se convirtió en refugio de pueblos que escapaban del dominio colonial. La ausencia de una jerarquía estatal centralizada, que en la lectura apresurada parece "atraso", terminó siendo también la base de una resistencia más duradera.

6. Estructuras de poder: cacicazgos, jerarquía y excedente

El mapa aborigen centroamericano revela una jerarquía de tres niveles:

-Pueblos con Estado incipiente: mayas, quichés y pipiles, con ciudades, culto organizado y ejércitos.
- Pueblos con cacicazgos: chorotegas, nicaraos y chibchas costarricenses, con jefaturas hereditarias pero sin unificación territorial plena.
- Pueblos nómadas o seminómadas: grupos de la vertiente atlántica y caribeña, con muy baja acumulación de excedente y escaso registro histórico posterior.

La legitimidad del cacique o del sacerdote-gobernante no descansaba solo en la fuerza, sino en un entramado de creencias religiosas y rituales —el chamán como mediador con lo sagrado— que autorizaba socialmente la concentración de tierra y mano de obra. Es, salvando las diferencias históricas, aparentemente el mismo mecanismo de racionalización y legitimación que Weber describiría siglos después para las burocracias modernas.

7. De la barbarie a la civilización

Los cronistas del siglo XX que clasificaron estos procesos —siguiendo categorías de la antropología evolucionista— hablaban de barbarie inferior, media y superior, y de un umbral hacia la civilización marcado por la aparición del Estado y el Derecho. Es una terminología hoy revisada por la antropología contemporánea, pero útil como recurso narrativo no como juicio de valor sobre los pueblos, sino como descripción de un proceso material en movimiento.

Cuando el conquistador hispano llegó, no encontró sociedades estáticas, sino procesos truncados: la cultura mesoamericana centroamericana estaba, según esta lectura, a punto de consolidar Estado y Derecho propios; el mundo chibcha seguía la vía de las confederaciones de cacicazgos, y los pueblos del litoral atlántico continuaban en una fase de atraso relativo notorio. La conquista no inauguró la desigualdad entre estos pueblos: la interrumpió y la reconfiguró bajo un nueva forma de dominación.

8. El peso del pasado en el presente: desigualdad indígena hoy

Aquí el análisis histórico se cruza con la evidencia empírica contemporánea, y conviene dejar hablar a los datos.

Según el informe *Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI* del Banco Mundial, la pobreza afecta hoy al 43% de los hogares indígenas de la región, más del doble que entre los hogares no indígenas, y esa brecha se ha mantenido o incluso ampliado en varios países pese a la reducción general de la pobreza durante la década de bonanza de los años 2000. El Banco Interamericano de Desarrollo confirma el patrón: los pueblos indígenas y afrodescendientes presentan rezagos persistentes en educación, salud y acceso financiero.

A escala global, los pueblos indígenas representan apenas alrededor del 5% de la población mundial, pero constituyen cerca del 15% de las personas en situación de pobreza extrema, según cifras difundidas por el Banco Mundial. En América Latina se estima una población indígena de unos 42 millones de personas, concentrada sobre todo en México, Guatemala, Perú y Bolivia.

Esa distancia entre indicadores no es un accidente estadístico. Es la persistencia estructural de relaciones de despojo territorial y exclusión del excedente que se iniciaron con la conquista y se reprodujeron —con nuevas formas jurídicas— durante la formación de los Estados nacionales centroamericanos.

9. Consultoría empresarial y desarrollo con identidad

Desde la consultoría empresarial y el desarrollo territorial, el Banco Interamericano de Desarrollo ha promovido desde hace más de dos décadas el enfoque de "desarrollo con identidad": proyectos productivos, turísticos y financieros diseñados junto a las comunidades indígenas, no impuestos sobre ellas, de manera encomiable.

Un ejemplo contemporáneo es el trabajo de fundaciones de microfinanzas que hoy conectan a emprendedores indígenas rurales —muchos en zonas de difícil acceso— con servicios bancarios digitales, replicando a pequeña escala la misma pregunta que atraviesa este artículo: ¿cómo se construye excedente y autonomía económica en territorios que la historia colocó, desde el principio, en desventaja estructural?

La lección para cualquier estrategia de desarrollo regional centroamericano es clara: ignorar la genealogía histórica de la desigualdad —tratar a todos los territorios como si partieran del mismo punto— es la manera más segura de repetir, con otro vocabulario, los mismos resultados desiguales.

10. Conclusión: una historia que aún no termina

Esta no es una historia de piedras y calendarios solamente: es la historia de pueblos concretos cuya suerte económica se decidió, en gran medida, siglos antes de que naciera ninguno de sus descendientes vivos. El maíz dio ciudades; la yuca dio movilidad, pero también vulnerabilidad frente al despojo posterior.

Quinientos años después, los mapas de pobreza del Banco Mundial dibujan, con sorprendente fidelidad, ecos de aquel mapa étnico original. No para justificar la desigualdad presente con el pasado, sino para entender que la sociedad desigual de Centroamérica no comienza en 1821 ni en 1954: comienza mucho antes, en la roza y el barbecho, en el cacicazgo y la confederación, en la pregunta —siempre política y económica— de quién controla la tierra y quién recoge su fruto.

11. Fuentes de información

Fuentes en español

Fuentes en inglés
Nota metodológica: este artículo integra fuentes primarias históricas (los apuntes del doctor Joaquín Hernández Callejas) con datos empíricos contemporáneos de organismos multilaterales. Las cifras de pobreza y desigualdad citadas corresponden a los informes más recientes disponibles del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; se recomienda consultar directamente los enlaces para verificar actualizaciones posteriores.
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miércoles, 19 de agosto de 2026

El TPS de los salvadoreños en Estados Unidos

 El TPS de los salvadoreños en Estados Unidos

Un diagnóstico sociológico, 1980-2026

Introducción

El Estatus de Protección Temporal —Temporary Protected Status, TPS— constituye uno de los mecanismos más importantes de la política migratoria estadounidense. Para una parte de la población salvadoreña residente en Estados Unidos tiene importancia directa.

Reducir el problema de la población salvadoreña acogida al TPS, a una cuestión jurídica —prorrogar o cancelar el TPS— sería un tratamiento parcial del problema. En la situación actual del TPS para los salvadoreños existe un proceso histórico de más de cuatro décadas durante el cual la migración salvadoreña pasó de ser relativamente reducida a constituir una de las principales comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

Ese proceso estuvo determinado básicamente por los siguientes procesos sociales:
  • la guerra civil salvadoreña,
  • la desigualdad económica, la pobreza
  • la reunificación familiar,
  • los terremotos de 2001,
  • la violencia social,
  • la violencia criminal de las pandillas,
  • las oportunidades laborales estadounidenses
  • y la formación de redes migratorias transnacionales.
Entre 1980 y 1990, la población nacida en El Salvador residente en Estados Unidos aumentó de aproximadamente 94,000 a 465,000 personas. Para 2008 ya había alcanzado alrededor de 1.095.000 personas. (Migration Policy Institute)

El TPS debe entenderse dentro de esa transformación histórica. El programa fue creado por la Immigration Act de 1990 y El Salvador fue uno de los primeros países beneficiarios.

Posteriormente, después de los terremotos de enero y febrero de 2001, Estados Unidos volvió a designar a El Salvador para TPS, y esa segunda designación se convirtió en la base del régimen que ha permitido a decenas de miles de salvadoreños permanecer legalmente y trabajar durante más de dos décadas. (Migration Policy Institute)

La cuestión adquiere una dimensión extraordinaria en 2026. El TPS para salvadoreños está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026. USCIS mantiene actualmente esa fecha como término de la designación. (USCIS)

Al 31 de marzo de 2025, 170,125 nacionales salvadoreños estaban registrados como beneficiarios del TPS. (Congreso.gov) La población salvadoreña protegida constituye, además, una de las comunidades TPS de mayor antigüedad en Estados Unidos.

El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico sociológico, que contenga elementos históricos, económicos, y políticos. Distinguiremos entre población de origen salvadoreño localizada en USA, población nacida en El Salvador que vive en USA y beneficiarios del TPS.

Primera Parte: TPS y presencia salvadoreña en los Estados Unidos de América

I. Definición del TPS y sus antecedentes

El Estatus de Protección Temporal es una forma de protección migratoria creada por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para nacionales de determinados países que enfrentan condiciones extraordinarias que hacen inseguro o impracticable su retorno.

Entre esas condiciones pueden encontrarse conflictos armados; desastres naturales; epidemias; otras circunstancias extraordinarias y temporales que impidan el retorno seguro.

El TPS proporciona fundamentalmente tres elementos: protección frente a la expulsión mientras está vigente; autorización para trabajar; posibilidad de solicitar autorización de viaje bajo las condiciones establecidas por la legislación migratoria.

No equivale a residencia permanente y tampoco constituye por sí mismo una vía automática hacia la ciudadanía estadounidense. CARECEN –Central America Refugee Center-- describe precisamente el TPS como una condición temporal y renovable que depende de decisiones periódicas del Departamento de Seguridad Nacional. (Carecen LA)

Esta característica es fundamental para comprender la contradicción histórica del caso salvadoreño: una protección concebida jurídicamente como temporal terminó convirtiéndose en una condición de residencia de décadas para una población profundamente arraigada en Estados Unidos.

II. Los antecedentes históricos de la migración salvadoreña

La migración salvadoreña hacia Estados Unidos existía antes de la guerra civil, pero era relativamente pequeña.

Durante las décadas de 1950 y 1960, la población salvadoreña en Estados Unidos se contaba en miles. MPI señala que se trataba de una población socialmente polarizada: por un lado, sectores relativamente privilegiados que viajaban para estudiar o trabajar; por otro, trabajadores domésticos y trabajadores de baja remuneración. (Migration Policy Institute, MPI) No existía todavía una migración masiva comparable con la que aparecería después de 1980.

Primera gran oleada: 1970-1980

Durante la década de 1970 comenzó a modificarse la estructura migratoria.
Las condiciones que favorecieron la salida de población de El Salvador fueron la concentración de la propiedad de la tierra, el crecimiento demográfico, el excedente de fuerza de trabajo, la conflictividad política y la creciente polarización social.

Según los datos históricos utilizados por MPI, alrededor de 15,717 salvadoreños nacidos en El Salvador residían en Estados Unidos en 1970; aproximadamente 45,000 personas declararon haber ingresado entre 1970 y 1974. Posteriormente el flujo aumentó aceleradamente. (Migration Policy Institute) La migración comenzó así a adquirir una dimensión estructural.

Segunda oleada: la guerra civil, 1980-1992

Esta constituye la gran ruptura histórica. La guerra civil salvadoreña convirtió la migración en un fenómeno masivo. Entre 1980 y 1990 la población inmigrante salvadoreña en Estados Unidos casi se quintuplicó.

En 1970 se contabilizaban cerca de 15700 salvadoreños nacidos en El Salvador viviendo en EUA. Para 1980 la cifra había subido a cerca de 94000; en 1990 se contaban cerca de 465000. En el año 2000 se registraban alrededor de 817000; en el 2008 la cifra de salvadoreños en EUA superaba el millón (1,095.000). Y adelantemos el dato, para el 2020 la población identificada como salvadoreña en el Censo era de más de dos millones (2,300.000).

MPI estima que aproximadamente medio millón de salvadoreños huyeron hacia Estados Unidos durante los años ochenta. Sin embargo, la mayoría no recibió inicialmente reconocimiento como refugiados. Durante la guerra, solo alrededor del 2 % de las solicitudes de asilo salvadoreñas fueron aprobadas. (Migration Policy Institute)

Estados Unidos estaba profundamente involucrado en el conflicto salvadoreño, incluyendo apoyo militar y económico al gobierno salvadoreño, pero simultáneamente muchos de quienes huían de la guerra no obtenían protección como refugiados. Una parte considerable de la población salvadoreña terminó viviendo en una situación migratoria irregular como indocumentada.

III. La inmigración, organización y movimiento de solidaridad

La situación migratoria produjo una respuesta organizativa. Durante la década de 1980 aparecieron organizaciones destinadas a recibir a los recién llegados; proporcionar asistencia jurídica; denunciar las condiciones de El Salvador; defender a los solicitantes de asilo; movilizar a la opinión pública estadounidense; promover el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes.

El análisis del TPS salvadoreño no debería comenzar en 1990 o en 2001, cuando las repercusiones de la guerra civil y los terremotos llevaron al gobierno estadounidense a designar a El Salvador como país beneficiario del Estatus de Protección Temporal. 

Existe un antecedente histórico mucho más profundo en la caracterización de la migración salvadoreña hacia Estados Unidos durante la guerra civil de los años ochenta y la lucha de los refugiados por obtener protección jurídica frente a la deportación.

Casa El Salvador Farabundo Martí

En ese proceso tuvo un papel significativo Casa El Salvador–Farabundo Martí, organización que aparece como demandante en Orantes-Hernandez v. Smith, un litigio iniciado en 1982 ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. La demanda fue presentada por ciudadanos salvadoreños, organizaciones de profesionales y refugiados, entre ellas Casa El Salvador–Farabundo Martí, contra funcionarios del gobierno estadounidense y el Immigration and Naturalization Service.

La importancia de Orantes-Hernandez trasciende el caso particular. El litigio cuestionó las prácticas utilizadas por las autoridades migratorias estadounidenses frente a los salvadoreños y contribuyó a establecer restricciones judiciales sobre determinadas prácticas de detención, interrogatorio y obtención de salidas voluntarias. En 1988, el tribunal dictó una decisión que mantuvo una medida cautelar permanente en favor de refugiados.

Casa El Salvador–Farabundo Martí debe entenderse, por tanto, como parte de una etapa en la que la cuestión migratoria salvadoreña estaba estrechamente vinculada con la guerra civil, el refugio político, los derechos humanos y la política exterior estadounidense hacia Centroamérica. La migración no era todavía principalmente una cuestión de fuerza laboral y remesas, como llegaría a ser posteriormente; era, en buena medida, una consecuencia del conflicto político y militar salvadoreño.

CISPES

En ese mismo ambiente surgió CISPES —Committee in Solidarity with the People of El Salvador—, que llegó a construir una extensa red de capítulos durante la década de 1980. La documentación histórica señala que llegó a contar con alrededor de 300 capítulos en Estados Unidos. (ScholarShare)

Entre 1983 y 1985 CISPES había alcanzado una considerable capacidad de organización nacional. Las fuentes históricas sitúan su red en alrededor de 60.000 miembros durante la expansión de los años ochenta. Una investigación nacional del FBI de 1983–1985 identificó aproximadamente 180 capítulos como objeto de investigación. No existe una cifra fiable que permita separar para ese período a los miembros remunerados de los voluntarios. La estructura profesional era pequeña en relación con su base social: hacia el final de la década CISPES llegó a contar con alrededor de un centenar de organizadores de tiempo completo, remunerados y no remunerados. La capacidad real de movilización dependía, por tanto, de una amplia base voluntaria que podía activar cientos de personas en campañas locales y miles en campañas nacionales.

La organización salvadoreña en Estados Unidos tuvo, por tanto, una doble dimensión combinando la solidaridad política con la defensa migratoria.

El caso ABC y el camino hacia el TPS

En 1985 organizaciones centroamericanas y religiosas presentaron una demanda contra la política estadounidense de asilo. El caso llegó a conocerse como American Baptist Churches v. Thornburgh, o acuerdo ABC.

El acuerdo permitió que numerosos salvadoreños y guatemaltecos volvieran a solicitar asilo y obtuvieran procedimientos más adecuados para examinar sus casos. También permitió autorización de trabajo durante el proceso. (Migration Policy Institute) 

Este episodio es fundamental porque demuestra que el TPS no apareció espontáneamente. Existió previamente una movilización social y jurídica de la comunidad salvadoreña y de sus aliados.

CARECEN –Central America Refugee Center-- desempeñó un papel particularmente importante. La propia organización señala que participó decisivamente en el litigio ABC y que su trabajo contribuyó al proceso que desembocó en la creación del TPS. (Carecen LA)

IV. 1990: creación del TPS

La Immigration Act de 1990 creó formalmente el TPS. El Salvador fue uno de los primeros países designados.

Para 1992 aproximadamente 187,000 salvadoreños se habían registrado bajo el TPS. (Migration Policy Institute)

Pero el TPS original no fue permanente. En 1992 terminó esa primera designación y fue sustituida por Deferred Enforced Departure --Salida Forzosa Diferida--, que mantuvo temporalmente la residencia y autorización de trabajo hasta 1995. (Migration Policy Institute)

Posteriormente, la legislación conocida como NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act) permitió que determinados salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que reunían requisitos específicos pudieran obtener residencia permanente.
Esto produjo una primera diferenciación dentro de la población migrante. algunos obtuvieron residencia; algunos se naturalizaron; algunos permanecieron bajo diferentes formas de protección; otros quedaron en situación irregular.

Tercera oleada: posguerra, 1992-2000

La firma de los Acuerdos de Paz en 1992 no detuvo la emigración. Si la guerra hubiera sido la única causa de la migración, el flujo debería haber disminuido sustancialmente después de 1992.

Pero ocurrió algo diferente. La migración continuó debido a reunificación familiar; desigualdad económica y social; precariedad laboral; pobreza; redes migratorias ya establecidas; delincuencia; dificultades económicas; demanda de trabajadores en Estados Unidos.

La migración comenzó a transformarse de una migración fundamentalmente asociada con la guerra en una migración económico-familiar.

V. Nuevo TPS y Cuarta oleada: los terremotos de 2001

Los terremotos de enero y febrero de 2001 constituyeron otra causa para prorrogar el TPS.

El Gobierno estadounidense volvió a asignar a El Salvador para TPS en marzo de 2001. La nueva asignación se convirtió en el fundamento del TPS salvadoreño contemporáneo. (USCIS)

Desde entonces las renovaciones sucesivas produjeron una situación extraordinaria: personas que originalmente recibieron una protección temporal terminaron viviendo bajo esa protección durante 20, 25 años o más.

MPI señaló que muchos beneficiarios salvadoreños del TPS habían vivido en Estados Unidos desde 2001, participando activamente en la economía, formando familias y construyendo comunidades. (Migration Policy Institute)

Cuarta oleada: 2001-2010

Durante la primera década del siglo XXI se consolidó la comunidad salvadoreña. En 2008 había aproximadamente 1.095.000 de inmigrantes nacidos en El Salvador viviendo en Estados Unidos. (Migration Policy Institute)

La población salvadoreña dejó de ser fundamentalmente una población de llegada reciente. Comenzó a presentar familias establecidas; hijos nacidos en Estados Unidos; propietarios de viviendas; trabajadores permanentes; pequeños empresarios; estudiantes; profesionales; redes comunitarias; organizaciones religiosas; organizaciones políticas; asociaciones culturales.

El inmigrante salvadoreño comenzó a convertirse en un componente estructural de numerosas economías metropolitanas estadounidenses.

VI. Quinta oleada: 2010-2016

Durante este período se profundizó la consolidación de la comunidad, al mismo tiempo que apareció una nueva corriente migratoria asociada a la violencia y a la inseguridad acentuada por el accionar de las pandillas en El Salvador.

La población salvadoreña siguió creciendo. Entre 2010 y 2023 el número de inmigrantes centroamericanos aumentó 42 %, y la población salvadoreña —la mayor comunidad centroamericana de origen y la tercera después de los mexicanos (35.9 millones) y puertorriqueños (5.6 millones)— creció 23 %. En 2023 MPI estimaba aproximadamente 1.495 millones de inmigrantes nacidos en El Salvador en Estados Unidos. (Migration Policy Institute)

Debe distinguirse esta cifra de la población de origen salvadoreño, que incluye a personas nacidas en Estados Unidos. El Census Bureau registró aproximadamente 2.3 millones de personas de origen salvadoreño en 2020. (Census.gov)

La población salvadoreña en Estados Unidos

El ACS (American Community Survey) dispone actualmente de tablas específicas para la población salvadoreña, lo que permite construir el diagnóstico demográfico y socioeconómico con mucho mayor detalle. (Datos del Censo)

Para estudiar el TPS es prudente hacer una precisión estadística. Existen al menos cuatro categorías de población salvadoreña:
  • Población de origen salvadoreño. Incluye: inmigrantes nacidos en El Salvador; hijos de inmigrantes; nietos; personas que se identifican como salvadoreñas.
  • Inmigrantes nacidos en El Salvador. Son las personas nacidas en El Salvador que residen en Estados Unidos.
  • Salvadoreños con ciudadanía estadounidense. Algunos nacieron en Estados Unidos y otros se naturalizaron.
  • Beneficiarios del TPS
Los beneficiarios del TPS son una fracción de la población nacida en El Salvador. Por eso no es correcto afirmar que los 170,125 beneficiarios del TPS representan el 6 % de todos los salvadoreños sin antes especificar el universo. El cálculo correcto debe realizarse en dos niveles: TPS/población de origen salvadoreño y TPS/población nacida en El Salvador.

VII. La situación actual del TPS para salvadoreños: 2025-2026

La administración Biden extendió el TPS salvadoreño por otros 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. (USCIS) El período de reinscripción fue del 17 de enero al 18 de marzo de 2025. (GovDelivery)

La cifra oficial de reinscritos utilizada por el Congressional Research Service es de 170,125 beneficiarios salvadoreños. (Congreso.gov) 

La extensión del TPS para salvadoreños tiene una fecha crítica de finalización el 9 de septiembre de 2026. USCIS continúa señalando oficialmente esa fecha como terminación del TPS para salvadoreños. No existe en la información oficial una nueva extensión anunciada que sustituya esa fecha. (USCIS)

Para comparar las administraciones de Trump en relación con el TPS para salvadoreños debemos distinguir tres períodos.

Trump I: 2017-2020

La administración Trump anunció en 2018 la terminación del TPS para El Salvador. La decisión amenazaba inicialmente a alrededor de 195,000 salvadoreños. (Migration Policy Institute)

El proceso fue litigado. La demanda Ramos v. Nielsen impidió inicialmente que la terminación entrara plenamente en vigor y el conflicto judicial continuó durante años. 

En 2023 se alcanzó una solución que permitió restablecer y extender el TPS para varias nacionalidades, incluido El Salvador. CARECEN señala que el litigio terminó después de años de acciones jurídicas y organizativas. (Carecen LA)

Administración Biden

Biden mantuvo y amplió temporalmente la protección. En enero de 2025 su administración extendió el TPS salvadoreño por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2026. (USCIS)

La razón oficial de la extensión fue la persistencia de condiciones ambientales que dificultaban un retorno seguro. (USCIS) 

Esto muestra que el TPS salvadoreño dejó de justificarse exclusivamente por la guerra. La base jurídica contemporánea se desplazó hacia desastres y condiciones ambientales.

Trump II: 2025-2026

La segunda administración Trump representa un cambio de contexto mucho más agresivo. El Gobierno ha impulsado terminaciones de TPS para numerosas nacionalidades.

En junio de 2026 la Corte Suprema permitió que la administración avanzara con la terminación del TPS para Haití y Siria, limitando significativamente la capacidad judicial para bloquear determinadas decisiones del DHS. (Reuters)

Esto no significa que la Corte haya terminado el TPS salvadoreño. Pero sí modifica el entorno jurídico y político. El precedente incrementa la incertidumbre respecto de la capacidad de los tribunales para intervenir frente a futuras terminaciones.

Escenarios para la fecha crítica: 9 de septiembre de 2026

Faltando poco tiempo para la fecha de vencimiento, el problema presenta tres escenarios.

Escenario 1: extensión. El DHS podría extender nuevamente el TPS para salvadoreños. Sería la continuidad del modelo vigente. 

Escenario 2: terminación. Los beneficiarios perderían el TPS al concluir el período establecido, salvo que posean otra base legal para permanecer.

Escenario 3: solución legislativa. El Congreso podría crear una vía de residencia permanente. Este es el escenario políticamente más significativo porque resolvería la contradicción de fondo. La National TPS Alliance está precisamente impulsando una solución legislativa, que podría designarse como una población permanente sometida a un estatuto temporal y una vía hacia la residencia permanente. (National TPS Alliance)

VIII. Algunas características económico-sociales de beneficiarios del TPS y población migrante

La información estadística específicamente identificada por TPS no siempre permite cruzar todas las variables —sexo, salario, ocupación, propiedad empresarial y estatus migratorio— directamente. El diagnóstico debe combinar USCIS --U.S. Citizenship and Immigration Services--; ACS --American Community Survey--; Census; BLS --Bureau of Labor Statistics--; estudios especializados sobre TPS.

1. Empleo

Una fuente reciente proporciona una aproximación particularmente útil.

FWD.us y la National TPS Alliance estiman que de los aproximadamente 170,000 beneficiarios salvadoreños. 152,000 están integrados en la fuerza laboral.

Eso representa aproximadamente el 90% de "tepesianos" incorporados a procesos productivos en industria, comercio y servicos (152,000/170,125=89.3%). Es decir, alrededor de 9 de cada 10 beneficiarios TPS forman parte de la fuerza laboral según esa estimación.

La misma investigación estima que en los rubros de construcción trabajan 36,000 beneficiarios del TPS; en edificios y mantenimiento, 32,000; en transporte, 23,000; en manufactura, 18,000 y en servicios de alimentos,12,000.

Estas cifras muestran una concentración significativa en sectores fundamentales de la economía estadounidense. (National TPS Alliance) Es importante advertir que se trata de estimaciones de FWD.us/National TPS Alliance, no de un censo administrativo de USCIS por ocupación.

Esta estructura de ocupación tiene una consecuencia económica y política importante porque la terminación del TPS no afectaría únicamente a los inmigrantes como individuos; también afectaría directamente a mercados laborales locales y empresas que dependen de trabajadores con larga experiencia.

Además, después de más de dos décadas de permanencia, existe una fracción de beneficiarios que posee viviendas; administra negocios; emplea trabajadores; trabaja como contratista; posee restaurantes; participa en transporte; presta servicios; mantiene pequeñas empresas familiares.

FWD.us y la National TPS Alliance estiman que más de 150,000 hijos e hijas sonciudadanos estadounidenses que dependen de las contribuciones económicas de padres salvadoreños beneficiarios del TPS. (National TPS Alliance) Por tanto, la población directamente protegida por el TPS —170,125 personas— no representa el universo humano afectado. El universo familiar puede ser considerablemente mayor.

2. Ingresos

La estimación reciente de FWD.us/National TPS Alliance calcula que los beneficiarios salvadoreños del TPS generan aproximadamente: US$5.4 mil millones anuales para la economía estadounidense y pagan aproximadamente: US$1.5 mil millones en impuestos federales, estatales y locales. (National TPS Alliance)

Estos datos deben interpretarse con cautela metodológica porque proceden de un estudio de impacto económico promovido por organizaciones defensoras del TPS. Pero incluso considerando esa cautela, la magnitud es suficiente para demostrar que los beneficiarios TPS no constituyen una población económicamente pasiva o dependiente del Estado. Son trabajadores integrados en actividades productivas y fiscales.

Esto convierte el TPS en un problema de política laboral, además de política migratoria.

3. El problema de la "temporalidad permanente"

Este es quizá un concepto sociológico central del diagnóstico en el caso del TPS para salvadoreños.
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Una persona que obtuvo TPS en 2001 (sin referirnos a los que lo obtuvieron en 1990) puede haber vivido en Estados Unidos durante 10 años; 15 años; 20 años; y 25 años.

Durante ese tiempo puede haber tenido hijos; comprado vivienda; creado empresas; pagado impuestos; formado redes sociales; enviado remesas; participado en iglesias; organizado comunidades;adquirido educación;construido una trayectoria laboral; para citar algunas actividades.

Queremos hacer notar que existe una contradicción entre estatus jurídico temporal y realidad social permanente. La formulación de  política económica debe incorporar en su análisis esta contradicción.

4. Las organizaciones de defensa de los salvadoreños en el TPS

La defensa del TPS salvadoreño tiene una historia que se remonta a la década de 1980.
Entre las organizaciones más importantes encontramos a CARECEN-WDC; CARECEN-LA; CISPES; National TPS Alliance; Alianza Americas; CASA; National Day Laborer Organizing Network; Casa El Salvador-Farabundo Martí; sindicatos; organizaciones religiosas; organizaciones comunitarias.

En julio de 2026, una carta al secretario de Seguridad Nacional solicitando la extensión del TPS salvadoreño estuvo respaldada por 80 congresistas y por organizaciones como National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Alianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, SEIU, CASA, CARECEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance. (Diario El Mundo). Esto demuestra que la defensa actual ya no es únicamente salvadoreña. Se ha convertido en una coalición migratoria, laboral, comunitaria y política nacional.

4.1. CARECEN

CARECEN tiene una importancia histórica excepcional. No es solamente una organización contemporánea que defiende el TPS. Su trayectoria está conectada con el origen mismo del sistema de protección.

Actualmente proporciona asistencia relacionada con TPS; información migratoria; defensa frente a deportaciones; servicios jurídicos; asistencia para ciudadanía;ayuda en determinadas solicitudes de ajuste de estatus. (Carecen LA)

Además, CARECEN participó en el litigio CARECEN v. Jaddou, que permitió restaurar una posibilidad de ajuste de estatus para determinados beneficiarios TPS con órdenes previas de expulsión que viajaron con autorización. (CARECEN)

Esto es especialmente importante porque muestra que la lucha contemporánea ya no consiste solamente en "mantener el TPS". También consiste en "transformar una condición temporal en una condición migratoria permanente".

4.2. CISPES

CISPES pertenece a una generación diferente. Su origen está en la solidaridad política con el pueblo salvadoreño durante la guerra civil. Su importancia histórica radica en que ayudó a construir una red estadounidense que relacionaba política exterior, derechos humanos, migración, solidaridad internacional.

Durante los años ochenta la cuestión central era detener la guerra y modificar la política estadounidense hacia El Salvador. En 2026 la cuestión central es impedir la expulsión de una población salvadoreña que lleva décadas viviendo en Estados Unidos. Existe, por tanto, una continuidad histórica, pero también una transformación del movimiento.

5. Las remesas como vínculo económico transnacional

La migración creó una relación económica entre dos Estados y sus respectivas sociedades. Entre Estados Unidos que proporcionaba trabajo e ingresos y El Salvador con hogares receptores y consumo. Las remesas constituyen el principal mecanismo que une ambos Estados y sociedades.
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En 2025 El Salvador recibió aproximadamente US$9,987.9 millones en remesas familiares, un crecimiento cercano al 17.8 % respecto de 2024. (Comercio & Negocios). La magnitud es extraordinaria.

El BCR --Banco Central de Reserva de El Salvador-- iproporciona ndicadores específicos que permiten calcular las remesas como porcentaje del PIB, de las importaciones y de las exportaciones. (Banco Central de Reserva de El Salvador) Para 2025, las remesas equivalieron aproximadamente a una cuarta parte del PIB, según las estimaciones difundidas con base en datos del BCR. (infobae)

Una serie histórica aproximada muestra la transformación:

Año            Remesas familiares, millones US$
2000                    ≈1,750            
2005                    ≈3,000
2010                    ≈3,600
2015                    ≈4,300
2020                    ≈5,900
2021                    ≈7,500
2022                    ≈7,700
2023                    ≈8,200
2024                    ≈8,480
2025                    ≈9,988


Mientras se consolidaba la migración, también se consolidaba la dependencia económica de las remesas.

Los datos históricos muestran que las remesas pasaron de representar un flujo relativamente pequeño a convertirse en una de las principales fuentes de divisas de El Salvador.

Si las remesas se aproximan a US$9,988 millones y representan alrededor de 24 % del PIB, entonces la economía salvadoreña tiene una relación extraordinariamente elevada entre ingreso externo de los hogares y producción interna. Esto no significa que las remesas "sean" el 24 % del PIB en sentido productivo. Significa que los flujos monetarios recibidos desde el exterior equivalen a aproximadamente una cuarta parte del valor anual de la producción nacional.

La diferencia es conceptualmente importante. Las remesas aumentan el ingreso disponible; estimulan el consumo; financian vivienda; financian educación; financian salud; sostienen pequeños negocios; aumentan la demanda de servicios; ayudan a financiar importaciones. Pero no son equivalentes a producción interna.

Aquí aparece la pregunta central ¿Qué parte de las remesas salvadoreñas depende de trabajadores protegidos por el TPS?

No existe un registro administrativo que permita atribuir cada dólar de remesas a un estatus migratorio. Por tanto, sería incorrecto afirmar que determinado porcentaje de los US$9,988 millones proviene de beneficiarios TPS.

Sin embargo, sí podemos construir escenarios lógicos. Si una fracción de los trabajadores TPS pierde empleo, reduce ingresos o abandona Estados Unidos, se producirá potencialmente: una reducción de ingresos que implicará reducción de capacidad de envío y en consecuencia reducción de remesas y reducción del ingreso familiar salvadoreño.

El impacto real dependerá de la tasa de deportación; tasa de salida voluntaria; la capacidad de encontrar otra base migratoria; ahorro acumulado; empleo; salario; composición familiar; comportamiento precautorio de los hogares.

Hemos realizado una hipótesis cuanttitava que expondremos posteriormente, sobre el impacto en las remesas en caso de producirse una deportación de salvadoreños con TPS.

6. Deportaciones y migración salvadoreña

Durante las décadas de 1990 y 2000 aumentaron sustancialmente las deportaciones de salvadoreños. Por ejemplo, una serie citada por MPI registra 4,216 deportaciones en 1999 y 36,689 en 2004. (Migration Policy Institute)


Entre 1997 y 2015 El Salvador recibió aproximadamente 244,000 deportados procedentes de Estados Unidos, según investigaciones sobre deportaciones centroamericanas. La deportación se convirtió así en una parte estructural de la relación migratoria.

IX. Los efectos económicos, políticos y sociales de la cancelación del TPS para salvadoreños.

La cifra oficial de referencia es 170,125 beneficiarios TPS. Pero el impacto humano sería mayor. Hay que añadir a cónyuges; hijos; otros familiares; trabajadores dependientes; empleadores; propietarios de negocios; comunidades; consumidores.

La estimación de más de 150,000 personas, niños en su gran mayoría, ciudadanos estadounidenses dependientes de padres salvadoreños TPS proporciona una primera dimensión del problema. (National TPS Alliance) No se debe utilizar "170,125 afectados" como sinónimo de "170,125 personas aisladas". Se trata de una población integrada en hogares estadounidenses.

1. Efecto sobre los ingresos

Si los 152,000 trabajadores estimados como ocupados del total de las personas con TPS (170,125) pierden la autorización laboral, el problema económico puede expresarse como el ingreso en función de la cantidad de empleo, salarios y horas trabajadas.

La pérdida de ingresos tendría efectos en el consumo; alquileres e hipotecas; alimentación; transporte; educación; salud; impuestos; remesas. La terminación tendría simultáneamente un efecto microeconómico y macroeconómico, fiscal y migratorio.

2. Efecto sobre Estados Unidos

La estimación de FWD.us/National TPS Alliance de US$5.4 mil millones de producción económica anual y US$1.5 mil millones de impuestos proporciona una medida del orden de magnitud del problema. (National TPS Alliance) Según la misma fuente, los beneficiarios están especialmente concentrados en construcción, mantenimiento, transporte, manufactura y alimentación.

Una reducción abrupta de esta fuerza de trabajo podría producir plazas vacantes; aumento de costos laborales; reducción de producción; problemas en pequeñas empresas; presión sobre determinados servicios; pérdida de recaudación.

La experiencia reciente con otros grupos TPS ofrece una referencia. En Florida, por ejemplo, la terminación del TPS haitiano produjo en 2026 dificultades de contratación en salud, atención domiciliaria, hostelería y otros sectores. (The Wall Street Journal) No significa que el caso salvadoreño produciría exactamente el mismo resultado, pero demuestra que el problema laboral no es hipotético.

3. Efecto sobre las remesas

El efecto sobre El Salvador es difícil de cuantificar con precisión. No podemos afirmar, por ejemplo, "si termina el TPS, las remesas caerán en determinada cantidad." Pero podemos construir escenarios simples que intentaremos cuantificar después.
Escenario 1. Una parte importante obtiene otra forma de permanencia o continúa trabajando. Impacto limitado.
Escenario 2. Una fracción pierde empleo o abandona Estados Unidos. Caída moderada de remesas.
Escenario3. Una parte considerable es deportada o retorna y otra deja de trabajar legalmente. Caída significativa de ingresos; consumo; remesas; divisas.

Dado que las remesas equivalen aproximadamente a una cuarta parte del PIB en El Salvador, incluso una reducción relativamente pequeña puede tener efectos macroeconómicos relevantes. (infobae)

4. Efectos políticos

La terminación del TPS tendría también una dimensión política.

Primero, afectaría a una población que ha vivido durante décadas en Estados Unidos.

Segundo, afectaría a numerosos ciudadanos estadounidenses que tienen padres o familiares TPS.

Tercero, movilizaría organizaciones de inmigrantes. 

Cuarto, podría convertirse en un tema electoral en estados y distritos con importantes comunidades salvadoreñas. Quinto, obligaría al Gobierno salvadoreño a enfrentar una situación contradictoria:

Estados Unidos es simultáneamente el principal destino migratorio de salvadoreños y la principal fuente de remesas. Cualquier conflicto migratorio entre Washington y San Salvador tiene consecuencias económicas y políticas para ambos países.

X. Un resumen del diagnóstico económico-social

El diagnóstico actual puede resumirse en siete características.

1. Alta participación laboral. Aproximadamente 152,000 de los 170,125 beneficiarios TPS serían trabajadores. (National TPS Alliance)

2. Concentración sectorial. Construcción, mantenimiento, transporte, manufactura y alimentación ocupan un lugar destacado. (National TPS Alliance)

3. Arraigo prolongado. Muchos beneficiarios llevan alrededor de 25 años en Estados Unidos.

4. Integración familiar. Existen decenas de miles de familias con hijos ciudadanos estadounidenses. En relación con los “tepesianos” cerca de 150,000 personas son reportados como hijos, siendo la mayoría menores de edad. Y cada “tepesiano” tiene relación con una persona radicada en EUA.

5. Contribución fiscal. La estimación disponible sitúa en aproximadamente US$1.5 mil millones anuales los impuestos asociados a los beneficiarios salvadoreños. (National TPS Alliance)

6. Integración económica. Se estima una contribución de US$5.4 mil millones anuales a la economía estadounidense. (National TPS Alliance)

7. Integración transnacional. Una parte de los ingresos obtenidos en Estados Unidos retorna a El Salvador mediante remesas.

XI. Conclusión general

El TPS salvadoreño es el resultado de una larga evolución histórica. No comenzó en 1990 ni en 2001. 

Sus antecedentes se encuentran en la crisis social y política de los años setenta, se aceleró con la guerra civil de los ochenta, adquirió una dimensión jurídica mediante el caso ABC y la creación del TPS en 1990, se reconstituyó después de los terremotos de 2001 y terminó convirtiéndose en una institución que durante un cuarto de siglo ha protegido a una población profundamente arraigada en Estados Unidos.

Los aproximadamente 170,125 beneficiarios registrados a marzo de 2025 constituyen una población relativamente pequeña respecto del conjunto de personas de origen salvadoreño, pero muy importante desde el punto de vista histórico y económico. (Congreso.gov)

Son parte de la fuerza laboral estadounidense, participan en sectores esenciales y, según estimaciones recientes, generan miles de millones de dólares de actividad económica y de ingresos fiscales. (National TPS Alliance)

Al mismo tiempo, la economía salvadoreña depende en gran medida del trabajo realizado por su población emigrada. En 2025 las remesas alcanzaron casi US$10,000 millones, equivalentes aproximadamente a una cuarta parte del PIB. (Comercio & Negocios)

La eventual terminación del TPS tendría una doble dimensión, en Estados Unidos pérdida potencial de trabajadores, ingresos, impuestos y estabilidad familiar; en El Salvador reducción potencial de ingresos familiares, remesas, consumo y divisas.

La fecha del 9 de septiembre de 2026 convierte el problema en una cuestión política inmediata. (USCIS) Pero el problema histórico y social es más profundo.

El TPS salvadoreño representa la contradicción entre una institución jurídica temporal y una realidad social permanente. Después de más de dos décadas, la cuestión ya no es solamente si los salvadoreños deben continuar recibiendo protección temporal.

La cuestión de fondo es si el sistema migratorio estadounidense debe continuar administrando como temporal una población que, en términos económicos, familiares, laborales y comunitarios, ya forma parte de manera permanente de la sociedad estadounidense.

Y desde la perspectiva de El Salvador aparece una segunda contradicción: una economía nacional que ha construido una parte sustancial de su reproducción cotidiana sobre el trabajo de ciudadanos que viven fuera de sus fronteras.

En consecuencia, el TPS salvadoreño debe estudiarse como una institución situada en la intersección de migración, mercado laboral, relaciones internacionales, economía transnacional, estructura familiar, política estadounidense y dependencia económica salvadoreña. Ese es el verdadero, amplio y profundo, alcance del problema.







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