Estructura de la Banca en El Salvador

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Las negrillas son para efectos de estudio.

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Pugnas y alianzas en la banca salvadoreña 2004-2014  

Roberto Pineda 

10 de febrero de 2015

Introducción

La decisión del Citi de vender sus bancos en Centroamerica ha despertado las ambiciones y maniobras de diversos actores financieros locales y extranjeros, en un último capítulo de una cadena de fusiones y alianzas que han caracterizado en los últimos años al sistema bancario salvadoreño. Ya antes se había ido el británico HSBC y hoy se va el estadounidense Citi. La cancha parece que queda libre para los intereses financieros de los experimentados equipos colombianos.

Es un nuevo momento histórico, el sexto luego del surgimiento de la banca a finales del siglo XIX, del viraje producido durante la dictadura de Martínez, de los cambios vinculado a los procesos de industrialización de mediados del siglo pasado, de la nacionalización contrainsurgente, de la reprivatización neoliberal y hoy de la internacionalización globalizante.

Una de las características del capitalismo periférico salvadoreño es que la banca desde su surgimiento en 1880 estuvo atada a los grupos productores y exportadores de café, nacional pero orientada hacia el mercado internacional. Nos insertamos como productores de productos primarios, cacao, añil, café, caña de azúcar, algodón. Fue una banca nacional creada al servicio de los intereses oligárquicos de los cafetaleros.

Es hasta la primera década del siglo XXI que esta tendencia se rompe y que la globalidad imperial nos impone en diciembre de 2004 un acuerdo comercial con Estados Unidos, el CAFTA. Luego de esta imposición imperial del capitalismo globalizador, la banca junto con otros sectores estratégicos de la economía salvadoreña fue subordinada y hasta devorada por las grandes corporaciones internacionales financieras. Atrás quedaron 125 años de control de la banca por grupos empresariales locales, los cuales por medio de sus representantes se mantuvieron, pero ya en calidad de empleados.

Es por esto que al observar la conducta de los principales actores del sistema bancario salvadoreño, en la última década, presenciamos diversos desplazamientos que rompen con la estructura surgida en 1990 luego de la reprivatización de la banca, y que reflejan tanto la pugna creciente como la construcción de poderosas alianzas entre grupos financieros nacionales e internacionales, en el marco de la compleja transición vigente del capitalismo periférico al capitalismo globalizado.

Pueden registrarse en esta década cuatro niveles de avance de la concentración bancaria. El primero es el surgido en 1990 y caracterizado por una banca al servicio de una nueva oligarquía financiera y sus principales bloques empresariales, que utilizó el manejo del estado- conquistado en 1989 por los grupos empresariales de ARENA- para consolidar su control sobre la banca. Era entonces una pugna y sistema de alianzas entre grupos empresariales salvadoreños. Aunque ya en este periodo, en 1997 el Scotiabank rápidamente se apoderó del banco Ahorromet.

Un segundo momento aparece al entrar en escena en 2005 el canadiense Scotiabank y adquirir el Banco de Comercio y de esta forma insertarse en el ranking bancario y pasar ya en el 2008 a ocupar la cuarta posición. El canadiense Scotiabank fue la punta de lanza de la banca internacional para penetrar en El Salvador, pero no tuvo la capacidad ni se tomó el riesgo de comprar al Banco Agrícola, la joya de la corona, por lo que se vio luego desbordada por el capital colombiano.

Un tercer momento inicia en el 2006 cuando vemos aparecer en el horizonte bancario las luminarias de neón del inglés HSBC, del estadounidense Citi y del sudamericano Bancolombia, los cuales habían devorado a los tres principales bancos locales, al Salvadoreño, Cuscatlan y Agrícola, respectivamente.

A continuación, en julio del 2010, el Grupo Aval de Colombia, uno de los conglomerados financieros más grande ese país -conformado por el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y el fondo de pensiones AP Porvenir-, suscribió un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance, relativo a la adquisición del 100% de las acciones del Grupo BAC Credomatic, incluyendo la sucursal salvadoreña. En diciembre de 2010 el Grupo Aval era ya dueño de BAC Credomatic.

Luego, en noviembre de 2012, vino otra movida de cumbia colombiana, se formalizó la compra de las operaciones financieras y de seguros, del Banco HSBC en El Salvador, por parte del Banco Davivienda, del también colombiano Grupo Bolívar.

Un cuarto momento comienza el año pasado, 2014, cuando por primera vez los bancos colombianos pasan a ocupar las posiciones primera, segunda y cuarta del ranking bancario. Scotiabank y Citi son desplazados a las posiciones tercera y quinta. Los colombianos pasan a formar la parte decisiva del grupo hegemónico de la banca salvadoreña. En este momento la pugna es interna y el sistema está hegemonizado por el grupo Bancolombia, dueño del antiguo Banco Agrícola Comercial. Y posiblemente este año presenciemos otros cambios.

El abordaje de este singular proceso financiero de concentración y fusión bancaria, clave para entender la actual correlación de fuerzas en el plano político, se realiza mediante el estudio de la evolución histórica de los activos de los bancos que ocupan las cinco primeras posiciones del ranking local, de acuerdo a informaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero salvadoreño y de entes similares regionales.

I. La banca reprivatizada 1990-2004

En 1989 los sectores oligárquicos aglutinados en ARENA ganan la presidencia e inician desde este espacio privilegiado, un proceso de reversión acelerada de las medidas reformistas implementadas en marzo de 1980, bajo el patrocinio estadounidense, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia.

Estas medidas incluyeron la nacionalización de la banca y del comercio exterior, además de un proyecto de reforma agraria, que independientemente de sus fines, modificó profundamente el sistema de tenencia de la tierra y golpeó a poderosos sectores terratenientes de la antigua oligarquía agro-exportadora, lo cual se vio reflejado en su desplazamiento del control de los bancos principales del país.

Ya en 1990 el gobierno de Alfredo Cristiani se encargó de distribuir entre sus principales aliados del nuevo bloque de poder los principales bancos, luego de ser “saneados” de sus cuantiosas deudas. De las cenizas de este reparto surgen cinco grandes bancos: el Agrícola Comercial, Cuscatlán, Salvadoreño, Comercio y de Desarrollo, que representan a cinco nuevos grandes grupos oligárquicos. Es un nuevo bloque de poder, relacionado pero diferente al que se inicio la guerra, son nuevos actores, con una visión más globalizada. Y por su peso en la actualidad agregamos a este listado el grupo del Scotiabank, antes Ahorromet.

Los principales bancos

Gráfico 1. Ranking bancario salvadoreño 1999 y 2013

1999	2013
1. Banco Agrícola Comercial (1) 16,138,487 (Colones)* $1,844,398	1. Banco Agrícola (Bancolombia) $3,789.95
2. Banco Cuscatlan (2) 13,988,432 (Colones) $1,598,677	2. Scotiabank 1,921.46
3. Banco Salvadoreño (3) 8,468,224 (Colones) $967,797	3. Davivienda 1,890.31
4. Banco de Comercio (4) 7,462,999 (Colones) $852,914	4. Citibank de El Salvador 1,749.31
5. Banco Desarrollo (5) 5,127,328 (Colones) $585,980	5. Banco de América Central (Banco de Bogotá) 1,466.84
6. Ahorromet Scotiabank (6) 3,698,135 (Colones) $422,644

1. Comprado por Bancolombia 2. Comprado por Citigroup. 2. Comprado primero por HSBC, y luego por Davivienda 4. Comprado por Scotiabank 5. Absorbido en junio de 2000 por Banco Agrícola Comercial 6. El 52.5 de acciones eran de Scotiabank. * La tasa de cambio es: 8.75 Colones por 1 US dólar. Fuente: elaboración propia y SSF.

1. Banco Agrícola Comercial

Era y continúa siendo el buque insignia de sistema bancario salvadoreño. El banco Agrícola Comercial saneado y reprivatizado es conducido por la familia Baldocchi Dueñas, por lo que en 1992 ingresa como Presidente del banco, el Ing. Archie Baldocchi Dueñas hasta su muerte en junio de 2003. Es un nuevo equipo diferente del grupo inicial desplazado en1980 y de nuevo hecho a un lado en 1990.

Y Archie no llega solo sino se hace acompañar de un nuevo grupo empresarial que lo integra la familia Schildknecht, por cierto Roberto Schildknecht asume la dirección del banco luego de su fallecimiento, hasta la venta del banco en 2006. Pero llegan también las poderosas familias Kriete-Avila, hoy socias minoritarias de Avianca; Palomo Deneke, Araujo Eserski (que hoy encabezan el esfuerzo por crear el Banco Azul), Cohen y los poderosos Meza, que incluye al famoso Roberto Murray Meza, nada más y nada menos que actual Presidente del Fomilenio II.

El Banco Agrícola Comercial había sido creado en 1955 por un “grupo de agricultores, ganaderos y comerciantes con fuertes interés en urbanizaciones” (Castellanos 2002), dirigidos por los núcleos empresariales Sol-Millet y Escalante Arce, que antes habían sido parte del Banco Salvadoreño pero habían decidido separarse. Durante todo este periodo que concluye en 1980 su presidente es su mismo fundador, el sonsonateco Luis Escalante Arce, hábil banquero y cuadro financiero, -casado con Marta Sol Araujo, hija del cafetalero Benjamín Sol Millet. Escalante Arce- había acumulado experiencia como empleado del Banco Salvadoreño desde 1937.

En diciembre de 2006 Bancolombia adquiere el Banco Agrícola a un costo aproximado de 900 millones de dólares. Y al comprarlo asegura también el sector seguros (Asesuiza) pensiones (AFP Crecer) e intermediación bursátil (Bursabac). En enero de 2001 Bancolombia vendió AFP Crecer por 103 millones de dólares a la también colombiana Protección, y Asesuiza fue adquirida por Sudamericana, ambas pertenecientes al poderoso Grupo Sura, con inversiones en sectores financieros, seguros, pensiones, seguridad social, alimentos, cementos y energía.

2. Banco Cuscatlán

El Banco Cuscatlán ocupaba la segunda plaza del mercado bancario y luego de ser saneado y reprivatizado, aparece en 1990 conducido por un nuevo equipo encabezado por el mismísimo ex presidente Alfredo Cristiani Burkard, en una interesante alianza tanto con el núcleo familiar de capital árabe Bahaia, como con el núcleo de capital judío de Sola, lo que se revela a través del director suplente del Grupo Financiero Cuscatlán, nada más y nada menos que el judío-salvadoreño Diego Herbert de Sola Jokish, director de Inversiones Bolívar. En el caso del Banco Cuscatlán, este fue creado en 1972 por Roberto Hill quien lo dirigió hasta marzo de 1980. En 1990 ha desaparecido del mapa de este banco.

En septiembre de 2008 finalizó la adquisición por parte de Citigroup del Banco Cuscatlán, incluyendo el sector seguros (Sisa), el sector pensiones (AFP Confía) y de intermediación bursátil ( Corfinge ). En octubre de 2014 Citi anunció que venderá su banca de consumo en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Frente a ese anuncio diversos intereses bancarios se han movido para adquirir este segmento de banca salvadoreña, incluyendo al hondureño Banco Atlántida, quien ha manifestado interés en adquirir el apetecido fondo de pensiones Confía.

3. Banco Salvadoreño

El Banco Salvadoreño ocupaba la tercera posición del mercado bancario y luego de ser saneado y reprivatizado aparece en las manos de sectores del capital árabe, en particular la familia Simán, en alianza con la familia Salume.

El Banco Salvadoreño fue fundado en 1885, el más antiguo todavía funcionando, y por largas décadas fue controlado por las familias Quiñonez y Guirola, cafetaleros de la zona central, con sede en Santa Tecla (Castellanos 2002). El último presidente de esta etapa que finaliza en marzo de 1980 fue Carlos Alberto Guirola Klein (Colindres 1977). Guirola Klein no solo perdió un banco, sino fue afectado también en sus propiedades agrarias, incluyendo la Hacienda Cangrejera, en la Libertad. Era hijo del también banquero y presidente del Banco Salvadoreño, Carlos Alberto Guirola Drews.

En 1990 se pone fin a la privatización de la banca, después de 10 años de estar en vigencia, pero el banco no regresa a manos de los Guirola sino que el Banco Central de Reserva nombra a Don Félix José Simán como presidente de Banco Salvadoreño. Don Feliz, presidente todavía en 2001, cede su puesto a la primer mujer presidenta de un banco, María Eugenia de Brizuela, quien luego realiza la venta de sus activos y pasa a formar parte del equipo ejecutivo de HSBC.

En julio de 2005 el Banco de Construcción y Ahorro (BANCASA), conducido por el núcleo árabe Zablah Touché y las familias García Prieto y Palomo, es absorbido por el Banco Salvadoreño. En el 2006 este banco fue adquirido por el grupo panameño Banitsmo, el cual fue a la vez comprado ese mismo año por el británico HSBC, con lo cual pasó a ser parte de este banco internacional. En enero de 2012 el colombiano Davivienda llego a un acuerdo con el británico HSBC para adquirir sus filiales en El Salvador, Honduras y Costa Rica.

4. Banco de Comercio

El Banco de Comercio ocupaba la cuarta posición del mercado bancario que surgió de la reprivatización de 1990. El presidente diez años después, en 1999 -2000, era José Gustavo Belismelis Vides, del poderoso núcleo empresarial Belismelis, que gobernaba en alianza con las familias Freund y Sol-Millet. El grupo Sol Millet fue crucial en la creación del Banco Atlacatl, que se fusiono en 1999 al de Comercio. El banco de Comercio fue creado en 1950 por cafetaleros de las tres zonas del país, Dueñas, Regalado, Hill, García Prieto (Castellanos 2002). El Banco de Comercio fue adquirido en enero de 2005 por el Scotiabank.

5. Banco de Desarrollo

El Banco de Desarrollo ocupaba la quinta posición del mercado bancario salvadoreño en el año 2000. Su presidente desde 1990 era el cafetalero y dirigente de ARENA, el ahuachapaneco José Antonio Salaverría Borja. El vicepresidente era José Adolfo Salume Artiñano, fundador y dueño del recién creado partido Democracia Salvadoreña. Este banco fue adquirido en junio del 2000 por el banco Agrícola Comercial.

Ahorromet Scotiabank. El Ahorromet era el sexto en importancia luego de la reprivatización de la banca en 1990. En1999 el 52.5 de las acciones estaban ya en manos del canadiense Scotiabank que finalmente terminó absorbiéndolo. El presidente del banco en el 2000 era Juan Federico Salaverría Prieto y el secretario era José Ángel Quiros. En este banco aparece la poderosísima familia Poma, dueña del Grupo Roble. El segundo director es Luis Eduardo Poma Delgado. Y también aparece el núcleo Llach Hill.

II. La evolución de la banca salvadoreña 2004-2014 (En dólares EE.UU.)

POS.	BANCOS	08 dic	09 dic.	10 dic.	11 dic.	12 dic.	13 dic.	14 nov.
1	Agrícola	3,856.8	3,864.5	3,749.7	3,624.1	3,833.0	3,995.9	4,108.7
2	Cuscatlan/Citibank/Citibank/ Citibank/Scotiabank/Davivienda/Davivienda	2,698.5	2,481.5	2,253.9	1,967.1	1,951.17	2,051.6	2,118.4
3	HSBC/Scotiabank/HSBC/ Scotiabank/Citibank/Scotiabank/ Scotiabank	2,149.8	2,007.9	1,899.3	1,870.4	1,877.1	2,020.8	1,973.7
4	Scotiabank/HSBC/Scotiabank/ HSBC/ Davivienda/Citibank/BAC	2,085.5	1,843.6	1,867.6	1,801.5	1,865.7	1,690.4	1,671.8
5	BAC/BAC/BAC/BAC/BAC/ BAC/Citibank	1,086.4	1,109.0	1,194.6	1,242.0	1,376.4	1,534.2	1,595.5

 

 

POS	BANCOS	04 jun.	05 jun.	06 dic.	07 dic.
1.	Agrícola	2,841.6	2,969.1	3,377.3**	3,652.6
2	Cuscatlan	2,560.0	2,487.7	2,583.6	2,624.2***
3	Salvadoreño/Salvadoreño/ Salvadoreño/ HSBC	1,742.6	1,762.6	2,016.9*	2,115.3
4	Scotiabank	407.6	1,556.0****	1,728.2	1,948.1
5	BAC	370.1	409.7	540.8	874.0

*HSBC compra en julio de 2006 a Banitsmo, que incluye al Banco Salvadoreño. **Bancolombia compra en diciembre de 2005 a Banco Agrícola *** Citigroup compra el marzo de 2007 a Banco Cuscatlan ****Scotiabank absorbe en enero de 2005 al Banco de Comercio

En el periodo que va del 2004 al 2014 detectamos varias tendencias. En primer lugar el ahora colombiano Banco Agrícola conserva la supremacía bancaria. Es una posición muy difícil de diputar dada la ventaja existente que casi dobla al más cercano competidor, era así durante el periodo de la banca nacional y lo es hoy mucho más. Con respecto al por dos años ya segundo lugar, el ahora colombiano Davivienda, es el heredero del Cuscatlán, pero su posición es constantemente disputada por el canadiense Scotiabank.

En relación al tercer lugar, Scotiabank mantiene esta posición durante los últimos dos años, pero puede avanzar o retroceder. En la cuarta posición aparece este 2014 por primera vez el colombiano BAC Credomatic y seguramente mantendrá este lugar. En el caso del Citi, que va de salida del circuito bancario salvadoreño, observamos una clara tendencia a la pérdida de posiciones, ya que cae desde la segunda posición que mantuvo en los años 2009, 2010 y 2011, pasando a la tercera posición en 2012, a la cuarta posición en 2013 y a la quinta el 2014. El 2015 seguramente cambiara de dueño.

En conclusión la banca colombiana mantiene una posición hegemónica en el sistema bancario salvadoreño a la vez que avanza en otras áreas, incluyendo el sector hoteles, ya que la cadena hotelera colombiana GHL construirá el Hyatt Place, ren el centro comercia Las Cascadas, de Antiguo Cuscatlán. Controlan los colombianos el 53% de los activos totales del sistema financiero. Una posición que únicamente es compartida con la banca canadiense y con quienes compren la banca comercial de Citi. 

 Estaremos pendientes.

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Vigencia de Schafik

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FMLN: EL PENSAMIENTO VIGENTE DE SCHAFIK HANDAL

Oscar A. Fernández O.

"Imputar la revolución a los hombres es imputar la marea a las olas" Víctor Hugo

Aunque no siempre ha sido así, nuestra historia moderna se ha constituido sobre la base de la injusticia que actualmente se evidencia en el franco y acelerado deterioro social, con la miseria y la exclusión cada vez mayores de un lado y la opulencia y la riqueza concentrada del otro. Una acumulación histórica agravada en los recién pasados veinte años de gobiernos areneros, impulsadores del neoliberalismo más dogmático, con el que casi destruyeron el Estado y mercantilizaron la vida de este país con sus brutales consecuencias de deterioro social y violencia, de las que ya hemos hablado en muchas ocasiones. 

Esta injusticia estructural genera nuevamente el enfrentamiento de clases, hoy más complejo y problemático, porque a la explotación laboral se le suma la exclusión social, que personifica la desesperación de millones de salvadoreños sin futuro. El pensamiento revolucionario salvadoreño y latinoamericano, que Schafik Handal ayudó a concebir y llevó a la práctica toda su vida, sostiene firmemente que una sociedad como la nuestra se puede cambiar y que otra realidad mejor es posible: una realidad de justicia, equidad, democracia, solidaridad y paz. 

Enfrentando día a día esta opinión, los poderosos medios de comunicación hoy transformados en verdaderos aparatos políticos contra el gobierno y el FMLN, no se cansan de desacreditar las ideas revolucionarias de justicia e igualdad. Schafik, reputado e incorruptible luchador revolucionario, valientemente hizo frente todos los días, con su argumento objetivo y apasionado a esta guerra sucia, que hoy se ha incrementado.

Uno de los ejes de dominación en la estrategia de la oligarquía salvadoreña y de los capitalistas que representan la ultraderecha, es que la desigualdad es innata y que pretender la igualdad va contra la “naturaleza humana”. Nos hacen creer que el sistema actual de dominación es el único posible, pues dominadores y dominados siempre han existido. Nuestra convicción de que esto es mentira, se sustenta en que las ciencias relacionadas con la historia de la humanidad demuestran que durante varias decenas de miles de años nuestros antepasados vivieron sin economías de mercados ni sociedades divididas en clases. La humanidad no nació históricamente con el poder del capital y la policía bajo el brazo. 

El resquebrajado pero aún vivo partido ultraderechista ARENA, portadores del estandarte fascista en esta nueva época que hemos empezado a escribir, sigue añorando las viejas consignas de “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán” (sic), se regodean en sus fanáticas asambleas pensando en nuevas formas de dictaduras para consolidar su poder de antaño y continúan repitiendo las mentiras sobre un falso desarrollo social construido por ellos. La pobreza, el desempleo, la persecución policial de las clases pobres, la desesperación por comer y por tener acceso a una demolida y abandonada salud pública, son remantes sin duda de ese viejo y brutal pensamiento, enquistado sobretodo en los círculos del poder fáctico económico y político. 

No obstante su discurso populista con el que pretenden desprestigiar los esfuerzos y resultados del gobierno del FMLN, en este país de brutales contrastes sociales heredados, hoy los capitalistas son más ricos que nunca, la explotación al trabajador es mayor y los grandes señores del dinero sucio se pavonean impunes como admirados empresarios. Pero a pesar de esto, los cambios que indican nuevos rumbos sociales, se han institucionalizado en función de paliar la desigualdad tradicional.

La ética revolucionaria en esta lucha que libramos, se constituye en el escudo espartano con el cual repelemos toda posibilidad de claudicación. Entendemos por ética revolucionaria una práctica humanista de los sujetos políticos que están comprometidos en la teoría y la acción con la justicia social, con el cambio de la sociedad fundada en la desigualdad y con el socialismo.

La lucha comprometida de Schafik y de los miles que lo acompañamos, construida sobre esta conducta revolucionaria, fue y sigue siendo desde su inicio, fundar una democracia efectiva que nos lleve por el camino del nuevo país, el nuevo El Salvador, una nación soberana, digna y constructora de su futuro, sin que otros nos dicten lo que tenemos que hacer, y dónde la impunidad del poderoso sea sometida por la justicia.

En este noveno aniversario de su partida, el principal legado de éste líder a la izquierda revolucionaria salvadoreña y al pueblo explotado, es la creación de los instrumentos históricos en la lucha por vertebrar las fuerzas sociales progresistas, la interiorización por la revitalización de la ideología socialista y el afinamiento de la estrategia de poder como una acción diaria. El no continuar enriqueciendo estos aspectos, significaría creer que la razón nos asiste por obra y gracia divina. Un error que puede ser fatal, por que la historia no cae como fruta madura.

Por eso el partido debe ser unido, con métodos adecuados para manejar las diferencias y promulgar la camaradería, sin rehuir al debate: “Cuando propugno por la unidad del Partido -insistía Schafik- no estoy hablando de pegar con chicle grupos que se forman con intereses electorales y tampoco hablo de tranzar sin principios. Eso sería reducir la unidad sólo a estar todos juntos, con el FMLN como techo común. Esa no es unidad, deja de lado la misión revolucionaria del Partido y su capacidad de cumplirla. El principal combate ideológico deberá dirigirse contra el mezquino interés electorero y la ambición de adquirir poder personal, contra la corrupción, el oportunismo y el arribismo” (www.marxist.org) 

El partido FMLN y su liderazgo, producto de la acumulación histórica de la lucha revolucionaria político y militar del pueblo, sabe que la renovación ideológica es una necesidad histórica, que es además una renovación cultural que comprende la cultura como parte del proceso de la vida, lo cual nos lleva a la reflexión siguiente: que no hay ideologías acabadas, pues estas se construyen y se fortalecen en la lucha diaria. El pensamiento objetivo socialista y la actitud revolucionaria, se renuevan cada mañana al despertarnos. Debemos abrirnos sin elitismos a lo que viene del pueblo porque la idea central es igualdad y justicia, binomio esencial de un nuevo mundo. En esto insistía el camarada Schafik, lo recuerdo como si fuera ayer, mientras sus palabras nos instruían a los más jóvenes de aquellos gloriosos años de lucha, cuando le acompañábamos en sus viajes por el mundo, explicando el origen y avances de nuestra lucha en El Salvador.

Las ideas revolucionarias universales retomadas y enriquecidas por Schafik, requieren que los objetivos morales y éticos abarquen toda clase de injusticia existente, sobre todo aquellas que provocan la diferencia entre la opulencia de pocos frente a los miles que ven morir a sus hijos diariamente, sin que nadie los ayude. Por eso insistía, que la gran cuestión de este siglo es más democracia y redistribución equitativa de la riqueza, generada por el pueblo y por el empeño de los empresarios que más allá de sus ganancias, trabajan por el desarrollo de la nación, ya que las fuerzas del mercado por sí solas y sin ningún control, son incapaces de actuar sin producir distorsiones y grandes desequilibrios sociales. Schafik con su característica visión de líder, sostenía que nuevas épocas de cambios revolucionarios se avecinaban para América Latina y el Mundo.

El liderazgo de Schafik y sus herederos, se configura a partir de su capacidad de entender estos complejos fenómenos como procesos cambiantes de acuerdo al contexto en que se desarrollan y por eso su pensamiento y su compromiso siguen vigentes. Siempre supo y nos enseñó que la historia no era lineal, que lo único fatal que existe es la muerte, que no hay azar, que la vida son circunstancias y que la creación de una realidad mejor sólo puede ser obra de los pueblos, motores universales de la historia. A veintitrés años de aquellos acuerdos que han cambiado la historia en este país, su recuerdo y el de todos los que dieron su vida por este sueño que ya ha comenzado a ser realidad, nos ilumina y nos obliga a ser mejores para seguir sin cansancio hacia adelante, al lado de nuestro pueblo. 

Hasta la victoria siempre compañero Schafik.

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Giuliani y "las ventanas rotas"

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Las negrillas y subrayados son para efectos de estudio. 
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LAS "VENTANAS ROTAS" DE RUDOLPH GIULIANI

Oscar A. Fernández O. 

 
"Lo característico de la vida actual no son la inseguridad y la crueldad, sino el desasosiego y la pobreza."
George Orwell

Los robos pequeños pueden llevar a la gente a la cárcel con más rapidez que algún delito grave, debido, entre otros factores, a una política de endurecimiento contra los marginados, mientras el sistema judicial y fiscal sigue originando una impunidad escandalosa por su ineficacia y corrupción. Es éste un fenómeno que perjudica sobre todo, a la población más pobre y satura el sistema judicial con casos menores, produciendo en el esquema de Estados Unidos, mayores réditos a los sistemas penitenciarios que son privados; incrementando brutalmente, en cualquier caso, los presupuestos estatales y la sobrepoblación de las prisiones, que es un problema ya complejo. Según datos de la Secretaría de Gobernación mexicana, de diciembre de 2013, el gobierno gasta un promedio de 130 pesos diarios por cada uno de las más de 240 mil internos que hay en el país, lo que arroja un total de casi 32 millones de pesos al día y 11 mil 680 millones anuales, aproximadamente setecientos noventa millones de dólares estadounidenses.

En un país donde la impunidad llega hasta 96 por ciento, hurtar una cadena de oro podría “agilizar” tanto los mecanismos penales, que un inculpado conseguiría llegar al reclusorio en menos de 24 horas si no tiene dinero para costearse un abogado, como parte de una tendencia que se ha vuelto al mismo tiempo un negocio y un sistema de limpieza social. Casos de delitos “bagatelas” son atacados con toda fiereza mientras el crimen organizado y otros crímenes “de gran alcurnia” son deliberadamente ignorados en la mayoría de veces.

El origen de esta línea de endurecimiento, señala Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es la política de “cero tolerancia” promovida por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien fue contratado por empresarios en 2003 para formular recomendaciones en materia de seguridad para el Distrito Federal.

Como promotor de la llamada “teoría de las ventanas rotas” –según la cual deben castigarse con severidad todas las faltas, incluyendo las menores, para evitar que éstas después se generalicen y se vuelvan más graves–, Giuliani “vendió” la idea de que no hay delitos pequeños, lo cual fue asumido por el gobierno capitalino como parte de su política de seguridad, dice el mexicano.

En abril de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas mediante las cuales desapareció el robo simple del Código Penal, por lo que este delito en cualquiera de sus modalidades se castiga con cárcel y sin derecho a fianza.

Lo anterior “generó una desproporción totalmente violatoria de los derechos humanos que se ha mantenido intacta e incluso se ha agudizado, con diversas reformas en las que ya no importa el monto de lo robado, sino que el sólo hecho de robar ya exige cárcel”, añadió el especialista.

En charla con La Jornada, un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia del DF –que pidió anonimato– confirmó que “por presión de las tiendas de autoservicio y de la COPARMEX (el equivalente de ANEP en El Salvador) a los Diputados de la Asamblea Legislativa, los robos menores comenzaron a ser castigados siempre con prisión”, cuando antes sólo ameritaba una multa si el costo de lo hurtado era menor a 20 salarios mínimos.

Dicho cambio provocó que “más o menos 90 por ciento de los casos que se llevaban a los juzgados de delitos no graves fueran de robos. Hasta decíamos en ese entonces: “Vamos a ser más bien los juzgados de Walmart”, recordó.

Para asegurarse que los autores de robos-hormiga, los vagos, prostitutas, drogadictos de la calle no van a salir libres, la parte acusadora tiene varias opciones para agravar el delito, como alegar que éste se cometió con violencia o con algún objeto con apariencia de arma, aunque no sea así, indicó el ex servidor público.

“Este proceso sale más caro para todo el sistema penal que la misma sentencia, sobre todo si se trata de bienes sin mucha cuantía. Cómo ya no se puede conciliar, el sistema se va saturando con pequeños robos, en vez de concentrarse en castigar delitos más graves”, deploró. Así, los brutales carteles de la droga mexicana, no solo no han disminuido sino al contrario, han proliferado y armado hasta los dientes, producto de una “guerra” iniciada por el gobierno y aconsejada por los norteamericanos, donde ya han muerto más de cincuenta mil personas.

Además de representar un gasto considerable para el sistema penal, la política de enviar a la cárcel a los autores de robos pequeños también significa un “negocio encubierto” entre funcionarios de agencias del Ministerio Público y empresas afianzadoras que prestan dinero a los familiares de los acusados para que salgan libres bajo caución, dijo Pérez García.

En Nueva York por su lado, la intensiva caída en la actividad de la fuerza pública, ha disparado una mezcla de preocupaciones en unos y de esperanza en otros. Los críticos han usado la oportunidad para arremeter contra la "teoría de las ventanas rotas", mediante la cual los crímenes de baja monta son vigorosamente perseguidos como manera de prevenir la ocurrencia de infracciones mayores.

Ese ha sido un principio fundamental de la política policial de Nueva York desde que Rudy Giuliani se convirtió en alcalde en 1994, pero ha sido muy criticado porque aplica castigos desproporcionados a las minorías pobres y marginadas. Algunos comentaristas se preguntan si la población empezará a notar que los previamente altos niveles de actividad policial son innecesarios para mantener la seguridad de la ciudad.

Muchos destacan una línea en particular de lo publicado por el Post: que la policía ahora "se hace la vista gorda en algunos crímenes menores y realiza arrestos sólo "cuando tiene que hacerlos", algo que evidenciaría el exceso de celo que ejerce normalmente la fuerza”.

“Los principales afectados por estas políticas estrictamente represivas, son los jóvenes y las personas sin dinero para pagar un abogado o sobornos para evadir la cárcel. Se ha dado a esto un uso de limpieza social, para atacar a los más pobres y generar una industria con ellos. También forma parte de una sociedad que va creciendo con el temor a los jóvenes, a quienes se les considera fuera de control”, dijo La Jornada (México, diciembre 2014)

Así, mientras la estrategias de “Ventanas rotas” del señor Giuliani, tienden a proliferar en la llamada franja de Mesoamérica (¡dónde los indígenas somos demasiado malos y los pobres son por su condición, criminales!), el narcotráfico y el lavado de dinero, convierte nuestros desangrados y pobres países, en paraísos del crimen organizado, que hoy sostienen y desarrollan las “maras”, como un ejército de sicarios que hacen el trabajo sucio, a lo cual debemos sumar la frustración social y la brutal brecha de desigualdad que nos persigue históricamente, las cuales actúan como gasolina en este fuego que amenaza con descontrolarse.

Sostengo, plenamente convencido, que somos capaces de controlar la violencia desatada, sin necesidad de consejos extravagantes, sólo si cumplimos con las políticas y planes trazados por el Gobierno actual y suscritas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, entre las cuales se plantean la inmediata reestructuración de la Policía, el inicio de un cambio sostenido en el Sistema Penitenciario y el cumplimiento a los llamados del Presidente de la República, de afinar la administración de justicia y la fiscalía, en tanto se construye un sistema de justicia penal que funcione adecuadamente.

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Constitución y Estado de Derecho

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Las negrillas son para efectos de estudio. Se han editado, en la forma, algunos párrafos, para destacar el planteamiento.

LOS MITOS DE LA CONSTITUCIÓN SALVADOREÑA

Oscar A. Fernández O.

“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres” Emiliano Zapata.

"(...) Para nosotros está claro que el modelo neoliberal vigente desde hace años, desde que gobierna el partido ARENA, que proclama al mercado como el supremo hacedor y rector de todo lo que se hace y se deja de hacer, que proclama la ganancia y no la persona como el fin y objetivo del Estado, que proclama la superioridad del interés privado sobre el interés social y el interés público, ese modelo es contrario a la Constitución, viola la Constitución. Dicho en pocas palabras: el modelo neoliberal es inconstitucional.

(...)

El artículo 83 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, que es el que mandata a los funcionarios, el que elige a sus representantes, pero la vida demuestra que se pueden adquirir voluntades una vez electos y dar la espalda al mandato ciudadano.

El artículo 84 define el territorio de la República y el 146 prohíbe tratados y concesiones que lesionen la integridad del territorio, la soberanía y la independencia y sin embargo, se han estado aprobando leyes que vulneran la soberanía, la independencia y prefieren el interés de monopolios y oligopolios tanto extranjeros como nacionales y sobre todo los extranjeros."

Así definía Schafik Handal, el desolado panorama del constitucionalismo en El Salvador. Basado en ello, es plausible pensar que el contrato social que solo existió en apariencia, debe ser repensado con el fin de rescatar la naturaleza política y social del Estado.

Podemos definir al Estado como “la comunidad de seres humanos fijada sobre un territorio determinado y que posee una organización de la que resulta para el grupo, considerado en las relaciones con sus miembros, una potestad superior de acción, de mando y de coacción” (Carré de Malberg)

Esta definición jurídica es claro ejemplo de una perspectiva amplia de Estado, constituido por tres elementos o condiciones existenciales: la población (dato demográfico o sociedad), el territorio y el poder (Estado en sentido estricto: gobierno, aparatos y ramas de poder). Pero frente a una compleja realidad, una teoría meramente jurídica es insuficiente para el análisis del Estado como forma de organización social, no obstante la doctrina jurídica nos ofrece un marco para el análisis no sólo del Estado como órgano de producción normativa, sino de esa totalidad o unidad política.

Aunque para Marx, el Estado es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, pues la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, por lo general éste, señala, pertenece a la clase más poderosa, la clase económicamente dominante. Con esta advertencia científica, concluimos que el Estado salvadoreño es una realidad impuesta por la oligarquía burguesa, pero que aún desde este plano, podemos rebatir algunos enunciados que evidencian la mitología sobre la cual descansa la Constitución.

El Estado de Derecho excede un simple conjunto de normas constitucionales y legales, pues involucra a todos los ciudadanos, no sólo a diputados que legislan, al orden legal o a políticos que gobiernan, hemos sostenido desde hace mucho. La existencia de un verdadero Estado de Derecho (Rechtsstaat: I. Kant) se mide en el funcionamiento de las instituciones y en la praxis política cotidiana. El Estado de Derecho teóricamente, suministra la libertad para el libre juego de pensamiento y acciones y debe permitir las modificaciones y cambios que el proceso social requiera. No existen pues las llamadas “normas pétreas” o escritas en piedra. 

El Estado de Derecho excede el campo de lo jurídico para tocar el terreno de la política y la ética, pues existen derechos naturales de las personas, que son inalienables. 

Es indiscutible, entonces, la relación entre derecho y política. El derecho debería de emanar de la voluntad de los pueblos no de una élite económica, así el Estado estaría realmente limitado en su acción, por los derechos que esa voluntad encarna. El logro del bien común es el objetivo genérico del derecho. Si bien la democracia es una forma jurídica específica no puede limitarse a garantizar la alternancia en el poder de las diversas expresiones políticas, sino que debe avanzar en la institucionalización de principios y valores de justicia social distributiva. 

El derecho, para decirlo claramente, es un fenómeno politizado (es decir, de naturaleza política) pues dependerá del consenso alcanzado de forma democrática, aunque la formalidad de la democracia no proporciona automáticamente, un verdadero Estado de derecho. 

En otras palabras los derechos sociales deberían ser incorporados a los fundamentos del orden estatal mismo. Por lo que debemos aspirar a un Estado donde prevalezca antes que la exegesis de ley, la “razón de humanidad” que es lo que la radicalización de la democracia en este siglo XXI, debe profundizar, permitiendo que se plasmen en las conductas políticas democráticas de todos los días, la mutabilidad, el conflicto y los desafíos relativos al bien común. Para ello han de crearse canales donde fluyan las voluntades y se encaucen los procesos de desarrollo de las personas que constituyen todo el entramado democrático. 

Se requiere, pues, de una cultura política de la legalidad vista como la convicción de que no basta la existencia de un Estado de Derecho para que pueda hablarse de una sociedad justa, pues la justicia sólo se alcanza en un Estado verdaderamente democrático, donde se pueda proceder a distribuir la riqueza social. Es decir, en el marco de las normas establecidas por el ejercicio de una democracia directa y permanente de los ciudadanos.

En nuestra sociedad no existe un compromiso hacia las reglas del juego democrático encarnado en el derecho, porque el pueblo no es el creador de su propio contrato social, ya que este papel fue suplantado de facto por una oligarquía semi-feudal y prosaica, que organizó y ha manipulado al Estado a su antojo y conveniencia, hasta hoy que ha perdido poder de influencia y recurre a la sedición. El Estado de Derecho implica principios éticos, jurídicos y políticos que deben tener eco en las decisiones judiciales que fomenten el respeto a las reglas fundamentales de un juego social pactado de manera plural y equitativa, que no es el caso de El Salvador.

Comprender que el sistema legal no está al servicio de la mayoría de la población nacional, sino de los intereses de la clase dominante, es el punto de partida de una comprensión reflexiva, crítica y radical del derecho en la sociedad capitalista neoliberal. "La clase dominante logra mediante su empleo del sistema legal preservar un orden interior que permite a los intereses económicos dominantes conservarse y promoverse. La clase dominante sin embargo, no ejerce el control directo del sistema legal, sino que debe operarlo a través de los mecanismos del Estado". (Elena Larrauri: 1998)

Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, primero a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil subsistencia, brutalmente explotados hasta que son catalogados de “inservibles” para luego lanzarlos a la calle a su suerte; a todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero y las cúpulas oligárquicas criollas; a todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de “sin empleo”, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos, provocando una violencia social contestataria; a los adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a las comunidades sedientas a las cuales se les quiere privar del derecho humano al agua; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestra Universidad de El Salvador y demás Universidades, a nuestros artistas y representantes culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial. 

Tal objetivo no admite aplazamientos ni ambigüedades: fundar un gran movimiento ciudadano progresista, que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que se establezca e imprima el rediseño de un Estado verdaderamente democrático y participativo, cerca del ciudadano y en favor de los más necesitados, que garantice los derechos humanos, económicos y sociales, devolviendo la soberanía nacional a manos del pueblo salvadoreño. 

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Comentario de un Policía Payaso

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En una entrevista televisada un policía que es, a su vez, payaso, al ser preguntado por el entrevistador sobre su capacitación y trabajo como payaso en la policía y su relación con las comunidades en la que ejercen su trabajo policial, dijo lo siguiente: 

"Ser payaso es cosa seria". 

Intentando recuperar la fuente de la entrevista encontré una noticia de que la formación de policías como payasos para desarrollar labores de acercamiento de la institución policial con la población ha sido criticada por medios usualmente identificados con posiciones de la derecha. 

Al respecto véase la noticia en http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9186615

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Importancia actual del modelo económico

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Ciertamente el PNUD de El Salvador, tiene razón al intentar, desde el 2010, poner como punto central el cambio del modelo económico para lograr el desarrollo del país.

En esto se requiere un diagnóstico de la mayor precisión científica posible. Como se sabe, la economía evoluciona en base a leyes y el cambio del modelo económico es una de ellas. Políticamente se puede retrasar o acelerar el cambio del modelo económico, pero no puede evitarse.

Se observan imprecisiones teóricas en la caracterización de la evolución del modelo económico en El Salvador, propuesta por el PNUD, por ejemplo, la omisión del Modelo de Reforma Contrainsurgente y el Modelo Neoliberal, así definidos no por razones ideológicas o políticas, sino con bases de la ciencia económica.

Se tratará de examinar en futuras notas estos problemas y sus implicaciones prácticas de política económica.

Evaristo Hernández

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Policía y Democracia

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Las negrillas son para efectos de estudio.

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REENFOCAR LA POLICIA Y CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA

Oscar A. Fernández O. 

Uno de los principales problemas que enfrentará el propósito de lograr una reestructuración en la Policía Nacional Civil, serán las resistencias internas dentro de la misma policía a los cambios, como suele suceder en todas las instituciones acostumbradas a funcionar de una manera. Para superar estos obstáculos será indispensable contar con la voluntad política de sus autoridades (mandos) y sus bases. 

La Policía Nacional Civil de El Salvador, fue concebida en los Acuerdos de Paz, en correspondencia a la necesidad histórica de crear un nuevo proyecto de sociedad, que sustituyera ochenta años de dictadura militar y terminase por tanto, con las causas estructurales que dieron origen a más de doce años de guerra interna.

Lamentablemente, éste proyecto fue en buena medida, prescindido por los poderes de facto tradicionales que resultaron intactos después de la guerra. Después de fundada la nueva Policía, los intereses de poderes fácticos y las recalcitrantes ideologías ultraderechistas, torcieron el proyecto, alejándolo de sus propósitos originales. La Policía Nacional Civil al igual que su antecesora, se convertía en un aparato armado que defendería el orden imperante, mientras fortalecía nuevamente al aparato represor de un Estado históricamente autoritario.

Para entender el problema de la Policía, debemos tomar en cuenta las características que la crean y determinan. El deber ser de la PNC, en el marco de sus valores originales, ha de formar parte de los principios de organización social que sostienen el modelo del Estado democrático de Derecho, sustentado en la defensa, promoción y protección de los Derechos individuales y colectivos, como lo manda nuestra Constitución y los Convenios Internacionales sobre la materia, a los cuales nos hemos suscrito. 

La PNC se concibe como un instrumento fundamental que garantiza el desarrollo de la democracia, aunque creo que varios de los que pertenecen a ella, no han reparado en esto. La PNC debería, a estas alturas de la historia, representar los anhelos de un pueblo que cree en que otra forma de vida social y política mejor, es posible. 

La distinción entre el deber ser de la PNC y los fines prácticos que cumple, puede entenderse al ver que la Constitución de la República (reformada a raíz de los Acuerdos de Paz) dispone que la legalidad debe de ser un principio de actuación policial. En realidad, y sustentado en los ejemplos que vemos a diario, podemos afirmar que la ley históricamente se traduce en la defensa de los intereses no de la generalidad, sino de sectores minoritarios, derivado de valoraciones subjetivas en situaciones determinadas y una visión tradicional que criminaliza la pobreza.

Luego, si la aplicación de la ley es dúctil y maleable para la policía, existe una sociedad y un sistema político que lo permite. Este sistema político y sus reglas, altamente cuestionados en el país, se repite en la corporación policial. En seguida, podemos afirmar, que la ausencia de límites efectivos sobre el uso y abuso del poder explica la lealtad ideológico-política de la policía. La policía no es un hecho metafísico, es la representación política de determinado poder.

La derrota de la concepción derechista autoritaria de la seguridad pública, es un factor que debe ubicarse en el agotamiento del actual sistema político, el debilitamiento in extremis del Estado después de la privatización, la cultura de la corrupción y la expresión social de la violencia estructural, hoy en niveles críticos, que han fracturado el tejido social, anulando los valores positivos y la justicia. Nuestra herencia maldita.

En este contexto se explica también, por un lado el crecimiento desbordado de las grandes corporaciones del crimen organizado como parte importante del modelo económico de mercado. Esta tolerancia con el poderoso crimen organizado, sumado a la debilidad del Estado, ha propiciado una suerte de negociación en la cual, como lo dijimos antes, la ley se supedita a criterios de oportunidad, como lo sostiene E. López Portillo V. en su ensayo La Policía en México (2002)

En la actualidad, la violencia es uno de los problemas sociales más importantes y sin embargo es también uno de los menos entendidos. Tal vez, uno de los motivos de esta debilidad se basa en el hecho que la comprensión sobre la misma se genera a través de los medios de comunicación masiva que muchas veces forman una imagen distorsionada de la realidad así como proponen soluciones que eventualmente sirven muy poco para la reducción de la tasa de criminalidad. 

Lamentablemente, el sentido común está profundamente relacionado con perspectivas teóricas que enfatizan el componente individual del fenómeno violento y las salidas represivas, sin discutir las raíces sociales de la misma (Lucía Dammert. Dilemas de la reforma policial en A.L.)

El grado de conflicto que provoca la situación a la que ha llegado la PNC, ha elevado la crítica hacia ella desde la sociedad y desde algunos estamentos políticos. Se está generalizando la desacreditación de la institución policial. Amparados en esta situación, las derechas neoconservadoras han enfilado sus baterías contra las políticas de justicia y seguridad trazadas por el actual gobierno, que pretende romper con veinte años de avance incontenible de la criminalidad propiciado por el oficialismo tradicional. Las reglas no escritas y una costumbre que se ha hecho cultura, han protegido la corrupción de los políticos, los hombres de negocios y funcionarios de alto nivel en el Estado y desde luego, en la corporación policial y el ejército. Es insoslayable desarraigar esta práctica ya, la sociedad entera debe exigirlo y el estado debe comprometerse a hacerlo. Antes que nada, debe quedar claro que la transparencia no es simplemente una ventana al funcionamiento del poder público; es un estilo de gestión y operación que abarca, en este caso, todo lo que la policía hace. Por esta razón, la transparencia correctamente entendida no sólo implica al público, sino a la policía entera como organización. 

Sin embargo, aún no se termina de asumir en propiedad que la ética busca orientar la labor policial humanizándola, generando un puente entre valores objetivos y acciones concretas. Por lo que hay que reconocer que existe un conjunto de convicciones relativas a la práctica policial, tales como: que la misión de una institución policial, como organización de servicio público, tiene una dimensión ética fundamental que no puede ni debe desconocer; que la función policial no está al margen de la sociedad a la cual le corresponde servir en los ámbitos de la seguridad y la justicia; y, que la organización policial es parte de la comunidad. No tiene razón de ser una policía para la democracia si no es así.

Por tal razón, la ética y la deontología policial son el fundamento que debe orientar todas las acciones de los policías, sus lineamientos o directrices centrales, sus planes, programas y proyectos. Son en definitiva, la fuente que inspira y otorga sentido a la profesión policial, liberándola y protegiéndola de aquellas influencias y tendencias que buscan desconocer la importancia central de la dignidad humana. En rigor, el “horizonte hermenéutico” de la ética policial es el servicio a la sociedad y la promoción del desarrollo humano. (Arturo Herrera, 2002.)

En consecuencia, debemos actuar con la convicción de que la policía es la prestadora de un servicio a la comunidad, y no a la inversa. Aquí radica la relevancia de la legitimidad social. Si no hacemos bien esto, entonces, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. La opinión y valoración de la sociedad es, en última instancia, reflejo de la aceptabilidad de la conducta policial, de nuestros esfuerzos y buen trabajo.

Hoy la eficacia policial no se puede medir sólo por el logro de la verdad criminalística, la detención de imputados o de prófugos de la justicia, es decir, mirando el resultado policial con un enfoque tradicional. La deontología plantea una serie de retos a la cultura policial, ya que sus principios y valores sustentan una ética policial para la democracia popular, especialmente en lo relativo a la realización humana y al desarrollo de profundos y sólidos vínculos sociales.

Debemos lograr que el personal policial y la organización en su conjunto sean responsables por su desempeño, medido lo más objetivamente posible, informando sobre su quehacer y dejando que la sociedad se forme un juicio objetivo y crítico respecto de su actuación. Para ello son necesarios un marco de acción, supuestos y modalidades que faciliten la supervisión y control sobre la policía, y que esto contribuya a la credibilidad y la confianza, reduciendo así la distancia entre el ciudadano y su policía. No puede haber control y rendición de cuentas adecuada y suficiente sin una apropiada gestión de información que respalde lo que hacemos y lo que no logramos hacer bien, lo que corregimos y lo que necesitamos de la sociedad.

Se vuelve urgente y necesaria una reforma policial profunda. Es imperativo impulsar una agenda de cambio que asegure mayores niveles de responsabilidad policial y una actuación más acorde con los desafíos de la democracia, en un contexto complejo y diverso.

Finalmente debemos destacar que el enfoque que hemos desarrollado aquí se sostiene en dos modelos fundamentales: la construcción de seguridad pública en democracia y el de la policía profesional, próxima a la colectividad, como una entidad de servicio al ciudadano y democrática (no militarista), ambas vinculadas estrechamente a través de un Estado fortalecido dirigido a satisfacer las demandas del pueblo, destacando la manera de hacer las cosas, de ser policía y de servir a la comunidad.

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Nuevo Gobierno y Movimiento Social

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MANIFIESTO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES “ROQUE DALTON” (CONA-RD) AL PUEBLO SALVADOREÑO:

LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO Y LA TAREA DEL MOVIMIENTO SOCIAL.

El primero de junio de este año tomó posesión como presidente de la república el profesor Salvador Sánchez Cerén , y se inició así el segundo gobierno de izquierda en El Salvador ; más allá de las expectativas , en los próximos cinco años sabremos si el FMLN tiene vocación para ejercer el poder político con prudencia y congruencia , con eficiencia y probidad , y con participación y transparencia , de lo que dependerá su futuro como fuerza de cambio social por la vía democrática ; no hay excusa para no intentarlo y quizá no haya una segunda oportunidad ; un buen comienzo sería hacer un balance público de su primera gestión , no sólo como un buen ejercicio de rendición de cuentas , sino también como un recurso pedagógico para aprender de la experiencia y no reincidir en errores que se pueden pagar caro en términos electorales para el 2015 , el 2018 y el 2019.-

El nuevo gobierno se encuentra con una sociedad en crisis: en el plano objetivo, problemas como la delincuencia, la corrupción, la marginalidad social, la desigualdad económica, la pobreza, el desempleo, el deterioro ambiental, el estancamiento económico, entre otros, pintan de gris el futuro. En el plano subjetivo: el panorama también es sombrío, pues no hay un sujeto socio-político que asuma y dinamice el cambio social prometido; no hay utopía posible por la cual luchar y, como no hay un proyecto de sociedad que entusiasme a la población, no hay adversario o éste aparece impreciso o desdibujado en el imaginario colectivo; en consecuencia, no existe una estrategia coherente que intente dar respuestas a preguntas básicas que motiven a un compromiso vital como: ¿por que luchar? , ¿para qué luchar? , ¿contra quién luchar?

La historia patria nos enseña que sin desarrollo de un movimiento social consistente no hay cambio social posible o, por lo menos, sostenible, a no ser que lo hagan las clases dominantes para prevenir los cambios desde abajo; lo social -organizativo es la materia prima de lo político-organizativo y más. En el movimiento actual y durante todo el periodo de la postguerra ,la gran debilidad de la izquierda ,para avanzar en la ruta de la reforma económica-social con sentido humano que dejaron pendientes los acuerdos de paz , ha sido precisamente la ausencia de organizaciones sociales comprometidas con esa tarea , es decir, de un movimiento popular cohesionado alrededor de un proyecto de país incluyente , pero visualizado desde los intereses de la clase trabajadora ; sin este proyecto ésta no podrá superar su dispersión orgánica ni constituirse en el sujeto que motorice esa reforma. Se puede controlar burocráticamente el aparato de Estado, pero esa reforma es inviable sin una fuerza política -social autónoma que lo promueva y sostenga, la que no puede ser sustituida por el partido de gobierno.

Esta crisis del movimiento social no sólo es orgánica , sino también ideológica y , en esta dimensión , se expresa como una pérdida de los valores ético-políticos que le dieran identidad y vigor durante el conflicto de los años 60,70 y 80´s, como la unidad , la solidaridad y la organización como instrumento de lucha reivindicativa-política. Superar urgentemente esta debilidad es el desafío prioritario que debe preocupar a la clase trabajadora, a sus organizaciones y dirigentes.

Esta crisis social y organizativa –ideológica coincide con una crisis política al interior del bloque histórico de clase, que se expresa en la pérdida de hegemonía de la fracción dominante globalizadora de la oligarquía (importadora-comercial –financiera), en la medida que ésta fracción es incapaz de dar dirección a las otras fracciones de la burguesía y a la sociedad en su conjunto. Como correlato también se expresa en el surgimiento de una nueva fracción burguesa articulada alrededor de un modelo económico basado en la producción agropecuaria, la agroindustria y la agroexportación.-Esta división del bloque de derecha es el principal factor que posibilitó el triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2014 y abrió fisuras para seguir avanzando en la agenda de un cambio concertado, tal como se estila en un régimen que pretenda ser democrático. Sin embargo, una negociación por arriba entre liderazgos y en el marco de la institucionalidad debe ser balanceado con una presión ciudadana por abajo; es en este esfuerzo emprendido por el nuevo gobierno para lograr entendimientos con la cúpula empresarial, donde se corre el mayor riesgo de incumplir su programa de cambios, en la medida que las exigencias sean muchas y el contrapeso social es muy débil, precisamente por el déficit organizativo existente. Este peligro no es una mera especulación si se toma en cuenta que un pacto de gobernabilidad e inversión con la ANEP tendría, como contrapartida, limitaciones y condicionamientos a las reformas económico-sociales con las que el FMLN se comprometió con la mayoría de sus votantes, que son trabajadores del campo y la ciudad, y capas medias asalariadas y profesionales.

La única forma de contrarrestar ese bloqueo y dinamizar los cambios prometidos es apelando a la movilización popular; sin embargo esta es la debilidad principal del Frente para impulsar la reforma económico-social. pues hay ausencia de un movimiento cohesionado y de un liderazgo con claridad estratégica capaz de actuar como un sujeto político , en tanto asuma un proyecto que se articule críticamente con el proyecto gubernamental ; esto sólo sería posible si el gobierno y las organizaciones populares van a su encuentro como sujetos diferenciados pero coincidiendo en objetivos mínimos comunes ; un dialogo encaminado a este propósito es urgente e imprescindible si se quiere , en el siguiente lustro , hacer factible avanzar en la construcción de una sociedad democrática , igualitaria , solidaria e incluyente .

En este momento tan contradictorio , en el que se amalgaman la frustración ciudadana ante una clase política egoísta y cínicamente pragmática, con la esperanza de que podrían venir tiempos mejores , pues aún existe una reserva ética en las fuerzas de izquierda ; la incertidumbre en el futuro con la convicción de que la única alternativa es seguir luchando para abrir y alumbrar el camino ; la debilidad subjetiva frente a la complejidad de los problemas a enfrentar con la oportunidad de organizar y formar nuevos liderazgos dentro de un nuevo pensamiento de izquierda ;en este momento tan oscuro para el país , pero tan propicio para renovar compromisos con el futuro , y coincidiendo con un aniversario más de la muerte de nuestro compañero Roque Dalton y del nacimiento de la Resistencia Nacional , en el mes de la fundación del Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) en 1975 , surge a la vida pública la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares “Roque Dalton” , como culminación de un esfuerzo de articulación de las acumulaciones territoriales , sectoriales e institucionales de esa organización del FMLN histórico , iniciado desde hace cuatro años , por lo menos , cuando un núcleo de ex militantes de la RN nos convencimos de la necesidad de recuperar críticamente, para poner al servicio de las transformaciones de nuestra sociedad , lo mejor de la tradición libertaria , igualitaria y solidaria de esta vertiente revolucionaria salvadoreña, tan necesaria en esta situación de incertidumbre y confusión , para contribuir a clarificar los objetivos y razones de la lucha y entusiasmar al pueblo y especialmente a la juventud para emprender nuevas jornadas de movilización social y política por la utopía posible.-

La imaginación de esta utopía posible debe comenzar por contestar preguntas que se han vuelto incomodas para las fuerzas de izquierda, tales como: ¿es válido plantearse el proyecto socialista aquí en El Salvador, en este momento concreto?, ¿es políticamente factible construir una sociedad socialista dada la correlación de fuerzas existentes?. La respuesta a la primera pregunta puede ser afirmativa en la medida que se reconozca que la pobreza , la injusticia y la exclusión social siguen lacerando a la gran mayoría de salvadoreños ; la respuesta a la segunda también será afirmativa siempre y cuando ese modelo de sociedad no se vea excluyente con el principio democrático de la soberanía popular , que supone que el ciudadano es el titular de los derechos políticos , y con el principio liberal de la división de poderes , como garantía básica del respeto a los derechos fundamentales .

La viabilidad de esta utopía depende también que la vinculemos al pasado, emprendiendo un proceso de recuperación del legado político-organizativo como los de FENASTRAS y el FAPU, y que retomemos el ejemplo de heroísmo, sacrificio y entrega de nuestros mártires, héroes y heroínas de mil batallas, caídos por su fidelidad y convicción a la causa de la democracia y el socialismo ; nos referimos a Lil Milagro, Roque Dalton, Febe Elizabeth, Augusto Cotto, Saúl Villalta, Carlos Arias, José Luis Quan y tantos otros que hoy rendimos homenaje en el nombre y recuerdo de los antes mencionados .

La principal tarea que hoy asumimos como Coordinadora “Roque Dalton” es la organización de un movimiento popular que se constituya en un sujeto protagónico del cambio social necesario y factible; este compromiso parte de una convicción que seguiremos repitiendo: sin utopía no hay sujeto de cambio ni adversario, sin adversario no hay estrategia de cambio, y sin estrategia no hay cambio posible.

Proponemos al pueblo salvadoreño, decidirse nuevamente a triunfar; para ello debemos comenzar por soñar; pero, al mismo tiempo, luchar, reflexionar, organizar y unificar el movimiento social para convertirlo en un sujeto político capaz de impulsar y sostener el cambio pendiente.

Concluimos diciendo que la conversión del movimiento social en un sujeto político requiere de una gran alianza popular alrededor de un programa mínimo común del cambio necesario y factible ; para ello el paso inmediato es consultar y convocar a las organizaciones de la sociedad civil alrededor de una idea simple: reunirnos a final de este año representantes de esas organizaciones para celebrar un encuentro nacional ciudadano, para plantearle el nuevo gobierno un programa de transformaciones que incluya las demandas más sentidas de la población , alternativo al de la gran empresa privada ; en este dialogo gobernantes –gobernados deben considerarse los compromisos para trabajar juntos por una nueva sociedad para todos y todas .

El Salvador, junio del 2014

"Por una patria para todos”

ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA

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Repensar el Estado

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UNA OBLIGACIÓN DE LA IZQUIERDA: REPENSAR EL ESTADO

Oscar A. Fernández O.

Hace un tiempo publiqué el artículo titulado “La izquierda debe construir el Estado”, por lo que esta vez vengo a insistir sobre la misma cuestión, cuando el FMLN está a las puertas de iniciar una serie de cambios que se convierten en obligatorios frente al agotamiento de un sistema y un modelo, que lúcidos pensadores de la contemporaneidad lo califican, incluso, de crisis de civilización. 

Los neoliberales están claros que en su lucha por restaurar el principio del mercado como regulador del sistema-universo, necesitan, para convencer, de algo más que la economía, de un formato político que reconcilie.Ese formato político es el Estado de derecho liberal, pero como un nuevo contrato social en el que el Estado de derecho se convierte en la garantía contractual de la economía de mercado (o también la sociedad de mercado). Se trata de una reformulación del Estado de derecho liberal del siglo XIX, formulado por Kelsen, o Carl Schmitt, entre otros, pero con formatos políticos distintos habida cuenta de que las circunstancias del sistema capitalista habrían cambiado profundamente. 

El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El estado se convierte en subsidiario de aquellas actividades que al ser poco competitivas no interesan a la empresa privada. Tal vez uno de los rasgos que diferencian al neoliberalismo de su precursor es brindar mucha menos atención a la interdependencia social de los individuos, al pensar de manera ilusoria que la resultante de la lucha aislada por la supervivencia de los individuos de manera espontánea siempre redundaría en beneficio social, algo que la experiencia histórica en lugar de confirmar ha desmentido, lo cual es reconocido por muchos investigadores (P. Guadarrama: 2001)

De las figuras de la contractualidad, el Estado de derecho fundamentado por los neoliberales recoge, en lo fundamental dos: aquella que exonera de Hobbes, y aquella de Locke. La recurrencia a Hobbes es para justificar la preeminencia del interés egoísta e indicar que el Estado se constituye como contractualidad desde la base del interés egoísta (que es el fundamento del mercado auto-regulador), mientras que la referencia a Locke está dada en el derecho a la propiedad como derecho natural (serán los derechos de propiedad expresados como derechos políticos fundamentales del Estado de derecho neoliberal). (Dávalos: 2001)

En este contexto, el Estado se convierte en el fiador del derecho, y éste en la racionalización histórica de instituciones y reglas de juego patrimoniales y consuetudinarias, subraya el autor citado (ut supra) El derecho, entonces, es una institución que sistematiza las reglas de juego sobre las cuales operan los mercados. En ese sentido, el capitalismo se adapta y se convierte en una especie de realización histórica universal. El Estado lo que hace es sancionar las leyes desde un reconocimiento público, desde el dominio de la ley, del “imperio de la ley” (Rule of Law). El Estado, de esta manera, se convierte en un producto del mercado, y éste se convierte en un espacio natural e histórico autenticado por los marcos institucionales propios de cada sociedad. 

La Constitución Política vigente, por ejemplo, no representa la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Fue impuesta en 1983 para legitimar el brutal despotismo que violó todos los derechos de la gente y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de salvadoreños.

De la crisis que lo asola, el capitalismo quizás se reponga en el futuro, pero con mucha dificultad. Buscará más eficiencia, más riqueza y más concentración, pero tras de sí dejará un desastre ecológico mundial, una estela de gente empobrecida que ya no le es útil al sistema, que está de más, y que debe ser desechada. En unos años, el aparato productivo quizás se reconstituya, habiéndose desembarazado de la carga que le significaba el “gasto” social del Estado de Bienestar; habrá moldeado a las fuerzas productivas de tal manera que pueda extraerles el mayor rendimiento posible y competirá en mejores condiciones que antes en la palestra internacional.

La economía, entonces, podrá estar bien, con presupuestos nacionales equilibrados, balanzas de pago al día, pero a costas del sufrimiento de millones de personas que lo habrán perdido todo y sobre cuyos hombros, además, se echara la culpa del desastre diciéndoles que por su causa, por haber vivido sobre sus posibilidades reales, están como están.

La otra alternativa, la que debe seguir la izquierda, es repensar el Estado, lo cual constituye una obligación histórica, contrario sensu a pensar que con algunos “arreglos sociales” se puede continuar sosteniendo el capitalismo. Es una necesidad insoslayable, construir un Estado vigoroso con instituciones fuertes, no obesas; ágiles, transparentes, no burocráticas; instituciones que protejan al pueblo. Seguridad como primera prioridad, pero en su concepción más amplia e integral: seguridad colectiva, seguridad laboral, seguridad social, seguridad pública para el pueblo. Un Estado radicalmente democrático, capaz de proveer acceso por igual a los servicios básicos que necesita y demanda la gente: salud, comida los tres tiempos, educación, vivienda digna. 

Un Estado que garantice los derechos del pueblo, nuestros derechos, por los que hemos batallado y triunfado muchas veces: el derecho a ser diferentes y pensar diferente; el derecho a la protesta y al entretenimiento sin que éstos se criminalicen; el derecho a conocer y defender nuestros derechos. Un Estado que regule las fuerzas económicas, no para sustituir a los mercados, pero sí para que la riqueza producida por todos, llegue a la gente y no se acumule. Y desde luego, un Estado democrático que fortalezca la cultura de la tolerancia, de la inclusión y de la participación social en la diversidad, nuestra diversidad: la diversidad ideológica, étnica, cultural, sexual, religiosa, regional de los pueblos.

El rol del Estado es irremplazable en la conducción de una integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la igualdad, la equidad en el reparto y el desarrollo de los pueblos. El Estado democrático popular, debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Un Estado que garantice el detente contra los abusos de las oligarquías burguesas, el conformismo y la institucionalización del miedo, producto de la propaganda del dominio, bases sobre las cuales se fundó el fascismo.

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